Por José Gregorio Aguilar
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El factor económico y también el exceso de confianza son algunos de los principales motivos por los cuales muchos propietarios de establecimientos que venden alcohol no cumplieron con el pago de la renovación del permiso para operar, afirmó el regidor Alejandro Vázquez Herrera.
Según las estadísticas que proporcionó el responsable de la Comisión de Alcoholes y Espectáculos en el Ayuntamiento capitalino, solamente el 35 por ciento del padrón de mil 117 negocios cumplió con esta obligación ante la Oficina Fiscal.
Recordó que a pesar de que el Gobierno del Estado autorizo una prorroga a los expendedores de bebidas alcohólicas para la renovación de sus permisos, la cual venció el 31 de Julio, solo un porcentaje mínimo respondió y acudió a realizar el trámite correspondiente.
Citó que el permiso para operar un negocio de alcoholes oscila entre 5 mil a los 30 mil pesos, dependiendo del giro del negocio, es decir se trata de un cantidad considerable la cual quizá muchos no pueden pagar o necesitan más tiempo para hacerlo.
“Alrededor de 300 de esos que incumplieron son los que cerraron y los demás están funcionando sin la debida autorización del gobierno del Estado pero arriesgándose a las consecuencias de funcionar sin contar con ese documento”.
Yo considero que como se les dio mucho tiempo de prórroga a lo mejor los dueños de los negocios piensan que pueden seguir funcionando de esta manera, pero la última palabra la tiene la Oficina Fiscal”, insistió al ser cuestionado sobre el motivo del alto nivel de incumplimiento por parte de este tipo de contribuyentes.
“El plazo para la renovación del permiso de alcoholes venció el 31 de Julio y considero que la cuestión económica o a lo mejor como se les dio mucho tiempo los negocios piensas que pueden funcionar sin esos permisos o que habrá más tolerancia”, puntualizó Vázquez Herrera.
En cuanto al destino de los establecimientos que aún y cuando no cumplieron con dicho trámite siguen operando, el regidor aclaró que corresponde a la Oficina Fiscal del Gobierno del Estado tomar cartas en el asunto.
“Son ellos, el estado los que en un momento dado tienen la facultad de aplicar sanciones o suspensiones de estos negocios, nosotros solo estamos en la mejor disposición de ayudar en las actividades que lo requieran”, puntualizó.
