Por Blanca Esthela Hernández D.
Cd. Victoria, Tamaulipas.- En las partes medulares de su discurso alusivo a su primer informe de labores, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo notar que no ha dado vuelta a la página en materia investigaciones sobre la corrupción imperante en la administración de Egidio Torre Cantú.
“La lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión de mi gobierno son compromisos que asumí antes de llegar al cargo de gobernador”, recordó, en presencia del titular de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
A un año de distancia de haber tomado las riendas de la administración gubernamental, advirtió que nadie del anterior gobierno priista ha sido eximido de una eventual responsabilidad legal por actos de corrupción.
“A nuestra llegada descubrimos nóminas robustas, lujos administrativos y rentas infladas. De un universo de 15 mil 364 servidores públicos que contrataron, 2 mil 395 no asistían a sus centros de trabajo, mismos que progresivamente han sido sustituidos. En pocas palabras, se trató de una nómina de ‘aviadores’ en el gobierno”.
Indicó que encontró un gobierno sin controles en la gestión, opaco en el uso de recursos públicos y sin mecanismos de rendición de cuentas.
Encontraron, asimismo, contratos que amparaban cientos de millones de pesos autorizados a empresas fantasmas unos días antes de la elección del año pasado.
“Fue un gobierno que olvidó a sus representados y cuyos altos funcionarios se dedicaron a hacer negocios mientras la sociedad fue violentada”.
Frente a todas las irregularidades encontradas, a la desaparición de expedientes y al sobreprecio en las contrataciones, el gobernador de Tamaulipas advirtió que se están elaborando los pliegos de responsabilidades y ya se ha dado vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“Además, del fondo de pensiones del estado, recibimos una deuda de mil 392 millones de pesos, un déficit que mantiene en riesgo el fondo de pensiones de los trabajadores. Incluso, durante nueve meses, dejaron de pagar a la Secretaría de Hacienda el Impuesto Sobre la Renta de los empleados estatales”.
Haciendo pausas de vez en vez, debido a los aplausos de la concurrencia, García Cabeza de Vaca prosiguió y dijo que recibió un gobierno con infraestructura en mal estado, vehículos descompuestos, equipos obsoletos y la tercera parte del personal adscrito a áreas distintas a las que formalmente estaban asignados.
“En pocas palabras, un manejo abusivo de las finanzas del estado, que derivó en una carga fiscal insostenible que afectó la realización de programas sociales y de proyectos de infraestructura urgentes para la población”.
Y una vez más, reiteró que su administración va a recuperar lo que pertenece al patrimonio del estado y de los tamaulipecos, y que indebidamente o a través de actos de corrupción, las convirtieron en propiedades de particulares, especialmente de políticos y ex funcionarios de gobierno.
“A esos, los llevaremos ante la justicia”, advirtió.
Asimismo, añadió que se van a recuperar propiedades que eran de particulares “y que los violentos les arrebataron a base de amenazas y extorsiones, esas propiedades tienen que regresar a sus legítimos y auténticos dueños”.
Indicó que, a su llegada hace un año, encontraron a Tamaulipas en un estado que requería de la planeación inmediata y de acciones para resolver los problemas que debían ser enfrentados.
Es una realidad, añadió, que las prácticas autoritarias del pasado afectaron todos los ámbitos de la vida estatal, perjudicando a los sectores público, privado y social.
“Encontramos instituciones públicas alejadas de los intereses de la sociedad y dirigidas a privilegiar intereses particulares y de grupo. Descubrimos una presencia gubernamental débil, por no decir inexistente, en las calles, en los barrios, en varias de nuestras comunidades o municipios”.
De acuerdo con el mandatario estatal, el desmantelamiento institucional afectó el funcionamiento de la administración y se generaron abusos, omisiones y actos de corrupción que afectan la confianza y credibilidad en el gobierno.
Refirió que la ausencia de autoridad provocó vacíos que fueron ocupados por intereses particulares asociados a grupos criminales.
“Se identificó un manejo discrecional de los recursos públicos y una administración irresponsable de las finanzas estatales, lo que ha generado un incremento considerable de la deuda pública heredada, que asciende a 17 mil millones de pesos”.
Sin embargo, dijo que más allá del endeudamiento lo cuestionable es saber dónde fueron aplicados esos recursos porque no se reflejan en la realidad que hoy tiene a Tamaulipas en materia de rezago.
Este manejo abusivo de los recursos públicos, afectó la implementación de programas sociales y la realización de proyectos de infraestructura pública y urbana, generando mayor pobreza y condenando a miles de tamaulipecos a vivir en la marginación.
Indicó que el diagnóstico en materia social heredado no es favorable, porque más del 30 por ciento de la población se encuentra en pobreza extrema, lo que equivale a un millón 150 mil tamaulipecos que viven en esa condición.
“La exclusión y marginación se traducen en que más de dos millones de tamaulipecos, al inicio de la administración, padecían al menos una carencia social”.
Dijo que no existía una política pública de atención a los jóvenes, quienes fueron dejados a su suerte y, lo que es peor, se les orilló a tomar caminos sin rumbo.
“El antiguo régimen no fue capaz de generar los empleos que se necesitaban. Gobiernos que durante muchos años se alejaron de las causas comunes para conducirse con discrecionalidad y manejar electoralmente la política social. Gobiernos ausentes de los programas que diariamente vive la gente y que contribuyeron al espiral de violencia que padecemos”.
Refirió que en materia de seguridad, Tamaulipas se encontraba en un estado de emergencia, que puso en evidencia la omisión, complacencia y la complicidad de gobernantes que toleraron todo de las organizaciones criminales que actuaban con impunidad, lo mismo en las zonas urbanas que en la rural.
Se recibieron instituciones de seguridad debilitadas, y de un universo de 9 mil policías estatales que requería Tamaulipas, se recibió una corporación con solo 2 mil 700 elementos, y sospechosamente nunca se llevó a cabo de manera permanente el reclutamiento para fortalecer estas instituciones.
“Se estima que el 90 por ciento de los delitos no se denuncian, debido a la falta de credibilidad y confianza en las instituciones de Seguridad Pública y procuración de justicia. Esa confianza debe y tiene que ser recuperada y estoy seguro de que lo vamos a lograr”.
Sin embargo, García Cabeza de Vaca refirió que en medio de este panorama adverso algunos indicadores empiezan a modificarse, “pero no por eso podemos sentirnos satisfechos mientras continúen cometiéndose los delitos de alto impacto: los secuestros, las extorsiones, los homicidios dolosos y los robos con violencia”
Dijo que el panorama que hace un año recibió su gobierno era desalentador: el crimen organizado se desplegó en todos los niveles de la sociedad y del estado, y frenar esa situación ha sido y será el gran reto que su administración empezó a enfrentar hace 12 meses con determinación y firmeza.
“Tengo claro que no hacerle frente a este problema y actuar como los otros gobernantes los hicieron en el pasado, significaría permitir que la violencia siga creciendo y causando más daño. Ante ustedes reitero el enorme compromiso que tengo como gobernante. No habrá tregua contra los violentos. Mi gobierno actuará con firmeza y determinación. Estoy convencido que juntos ganaremos esta lucha, lograremos pacificar a nuestro estado”, subrayó.
En un momento de su discurso, García Cabeza de Vaca hizo un alto para “darle nuestro agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, a nuestras fuerzas armadas, al general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda y al almirante secretario Vidal Francisco Soberón Sáenz. Los tamaulipecos les decimos gracias por su respaldo pero sobre todo gracias por no dejarnos solos en esta lucha contra la delincuencia”.
Al primer informe del gobernador de Tamaulipas asistieron los mandatarios de Baja California Sur, de Durango, de Nayarit, de Quintana Roo y Armando López Cárdenas, en representación de Miguel Ángel Mancera.
Además, los senadores Ernesto Cordero Arrollo, Fernando Herrera Ávila, Mariana Gómez del Campo, Jorge Luis Lavalle Maury, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas y Javier Lozano Alarcón, entre otros invitados
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