Por Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió en la capital de Tamaulipas la primera sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SIPASE), con el que se establecen los mecanismos para garantizar el acceso de las tamaulipecas a una vida libre de abusos.
El objetivo del sistema es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para garantizar el desarrollo integral de las tamaulipecas y su seguridad, así como contribuir a mejorar su calidad de vida y bienestar, conforme a los principios de igualdad, no discriminación y respeto por su dignidad y libertad.
“Por parte de mi gobierno vamos a hacer todo lo posible para defender el derecho de las mujeres a la equidad de género, pero también a erradicar la violencia contra ella que hoy en día es uno de los principales problemas que tiene nuestro estado”, comprometió el titular del Ejecutivo Estatal, acompañado por la presidenta del Sistema DIF, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y representantes de INMUJERES e INDESOL.
Para lograrlo, indicó, se establecen 5 objetivos principales para la elaboración de los programas y políticas del Gobierno del Estado con perspectiva de género, entre ellos, implementar mecanismos para sustentar la igualdad entre mujeres y hombres, asegurar el respeto a la dignidad de las tamaulipecas, evitar prácticas discriminatorias, estereotipos y valores de inferioridad de un género a otro.
Asegurar el pleno disfrute de los derechos y garantías que consagra la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en beneficio de la mujer y privilegiar el desarrollo de un ambiente social en el cual se promueva la libertad y los derechos de las mujeres en su sentido más amplio.
Durante la reunión se realizó la presentación del programa de trabajo del Sistema Estatal PASE 2017- 2022 y su funcionamiento, el cual fue votado y aprobado por los integrantes de la mesa conformada por autoridades de los 3 órdenes de gobierno y miembros de la sociedad civil organizada.
