Agencias
Washington.- La abogada Dulce García, de San Diego, es una de los seis inmigrantes que demandaron el lunes al Gobierno de Donald Trump por su decisión de poner fin al programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).
Desde que la aprobación de la ley en 2012 por el entonces Presidente Barack Obama, el programa ha brindado protección, evitado la deportación y asegurado el derecho a trabajar legalmente a casi 800 mil personas en Estados Unidos.
Según los abogados de García, su caso, llevado a la Corte Federal de San Francisco, es la primera demanda presentada por beneficiarios de DACA -conocidos como dreamers- desde que el Fiscal general, Jeff Sessions, anunció este mes que la medida de la era Obama caducaría en marzo del 2018.
Es uno de los muchos reclamos judiciales contra la decisión de poner fin al programa, incluidas dos demandas presentadas por fiscales generales estatales. El reclamo es similar en todos los casos: el Gobierno de Trump no siguió los procedimientos administrativos adecuados para rescindir la medida.
La Administración del republicano ha dicho que pondrá fin al programa DACA porque Obama sobrepasó su autoridad constitucional al crearlo de forma unilateral, sin la aprobación del Congreso.
Trump, quien pidió recientemente al Poder Legislativo que elabore una ley para proteger a los beneficiarios de DACA, enfureció a algunos republicanos la semana pasada al negociar con líderes demócratas del Congreso un posible proyecto de reemplazo para el programa.
Durante la campaña electoral de 2016, Trump presentó un plan sobre migración en el que prometía poner fin a DACA y fortalecer la protección de las fronteras para aumentar el empleo de los estadounidenses.
