Agencias
Madrid.- El gobierno español anunció hoy que desplazará más efectivos de la policía y la Guardia Civil a Cataluña para reforzar la seguridad en plena tensión por el referéndum independentista que la región quiere celebrar el 1 de octubre pese a la prohibición de la Justicia.
La medida responde a las «movilizaciones tumultuarias» vistas esta semana en Barcelona y busca «garantizar la ley y el orden y la tranquilidad de todos los catalanes», explicó el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el consejo de ministros en Madrid. «Es una reacción de firmeza y tranquilidad».
La función de los agentes será «la vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden» en caso de que se produzca el polémico referéndum, informó antes el Ministerio del Interior español sin precisar el número de efectivos de refuerzo.
La misiva enviada a la Consejería de Interior en Cataluña aclara que los efectivos actuarán como apoyo de la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra. La prensa española cree que las fuerzas de seguridad españolas desconfían de los Mossos, pero Méndez de Vigo rechazó hoy esa hipótesis.
El gobierno catalán rechazó la decisión y cuestionó las razones de Madrid. «Justifican un mayor desplazamiento de fuerzas y cuerpos de seguridad al decir que hay manifestaciones tumultosas. Y no hay tumulto. Todo el mundo ha visto lo pacíficas, alegres y cívicas que son», dijo el portavoz de la «Generalitat», Jordi Turull.
La mayor parte de las protestas se desarrollaron en un clima festivo, pero el miércoles hubo guardias civiles que quedaron bloqueados en la Consejería de Economía de Cataluña por varios manifestantes que además destrozaron coches del cuerpo armado.
Entre tanto, unos 3 mil estudiantes ocuparon hoy el edificio histórico de la Universidad de Barcelona (UB) en defensa del referéndum.
El refuerzo de la seguridad refleja la preocupación del gobierno por la escalada de tensión entre Madrid y Barcelona debido al referéndum de autodeterminación que el gobierno catalán insiste en celebrar el 1 de octubre pese a la prohibición de la Justicia.
La crisis política se trasladó a la calle el miércoles después de un gran operativo de la Guardia Civil española que incluyó varios registros en Cataluña y la detención de 14 personas, incluyendo altos funcionarios del gobierno regional. Los seis que seguían detenidos quedaron hoy en libertad con cargos.
Entre ellos figura Josep Maria Jové, «número dos» del vicepresidente económico de Cataluña, Oriol Junqueras. El gobierno catalán anunció hoy su cese de todas las funciones para librarlo de la multa de 12 mil euros diarios que le impuso el Tribunal Constitucional por su colaboración con la organización del referéndum.
El gobierno central de Mariano Rajoy considera ilegal el referéndum de autodeterminación y asegura que usará todos los medios para impedirlo, abriendo así un escenario imprevisible para los menos de diez días que restan hasta el 1 de octubre.
«¿Hasta cuándo va seguir abusando y tensionando al pueblo de Cataluña?», preguntó hoy la «número dos» de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, dirigiéndose al jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont.
A pesar del duro golpe logístico que sufrieron los independentistas con la operación policial del miércoles, Puigdemont asegura que tiene un plan «alternativo» para que la consulta se celebre. «Lo siento, España. Cataluña votará sobre la independencia, guste o no», escribió al compartir en su cuenta de Twitter un artículo propio publicado en «The Washington Post».
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