Hasta no ver no creer

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El uno de abril del 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  emitió una recomendación que involucraba a tres instancias de Tamaulipas: El Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Altamira y la Procuraduría de Justicia.

Culminaba así una larga y tardada investigación para dar con los responsables de las inundaciones en el fraccionamiento Villas de Altamira, construido en una zona baja y parte del sistema lagunario de aquel municipio

Al Congreso se le exigía fijar una sanción en contra del alcalde -en ese entonces Javier Gil Ortiz- por no atender la reubicación de miles de familias que, hoy en 2017, siguen siendo víctimas de las corrientes de agua.

Ordenaba al municipio, a través de la Contraloría, investigar y castigar a quienes dieron los permisos de construcción del citado fraccionamiento. A la PGJE iniciar averiguación inmediata y  perseguir el delito de asentar a mil 700 familias en una zona baja e inundable.

Incluía al personal del INFONAVIT que dio su consentimiento y firma, para que los derechohabientes se hicieran de una vivienda en esa zona, aun a sabiendas que no era habitable.

Pues bien, a ocho años de distancia miles de familias de ese y otros fraccionamientos lucen inundados en tanto que el Gobierno del Estado anuncia, ahora sí, que habrá cárcel.

Para el que escribe no son creíbles las palabras del representante del gobierno en la zona sur, Miguel Ángel Gómez Orta, mientras los responsables no estén en el banquillo. Ahora son promesas.

No es cualquier cosa. La constructora forma pare de la influyente empresa Casas Gea que, desde sus oficinas en la ciudad capital, maneja fraccionamientos por todos los rincones de México. Tienen dinero para comprar favores y conciencias.

Villa de Altamira fue la primera zona habitacional erigida arbitrariamente. De ahí siguieron otras con el visto bueno del ayuntamiento, y ciertos que ni avisaron a la autoridad.

No es un tema nuevo. Será difícil para la Fiscalía Anticorrupción dar con los responsables.

La construcción se hizo en el 2000. Un año después ya se ofertaban viviendas y comenzaba el viacrucis para miles por las filtraciones de agua.

¿Quiénes son responsables? En el 2000 era presidente municipal Sergio Carrillo Estrada, cuyo cabildo y colaboradores autorizaron la zona habitacional pese a estar en una laguna.

Siguieron Juan Genaro de la Portilla, Juvenal Hernández Llanos, Francisco Javier Martín Ortiz Gil, Pedro Carrillo Estrada, Armando López Flores y Alma Laura Amparán.

Geo tiene otros fraccionamientos en Altamira, como Laguna Florida, Fundadores, Villas Náutico, Sotavento, Punta Laguna, Laguna de la Puerta, donde se han registrado problemas desde mala construcción a inundaciones.

Hasta no ver no creer, dice la frase de los incrédulos. Para tomar una actitud se necesitan hechos confirmados que digan que la autoridad cumple con su labor.

Cuando estén en el bote los responsables de las inundaciones en Altamira, podremos decir que el combate a la impunidad va en serio.

Si cambiamos de tema, siempre sí se fue del PAN Doña Margarita Zavala de Calderón. En un mensaje de despedida describió a un partido antidemocrático, con un padrón inservible y donde los organismos de deliberación dejarlo de serlo. Un partido errante.

Después de 33 años de militancia abandonó la organización para enlistarse como aspirante independiente a la Presidencia de México.

Dijo en su documento dirigido al jefe nacional, que en los últimos años no se ha dado de alta a ningún militante. El PAN es un partido “chiquito”.

“Me voy sin rencores”, dice el papel que presentó la Doña, y afirma que seguirá en  la política en el ámbito de los sin partido, cuyo registro ante el INE terminaba el domingo.

Decimos que terminaba porque, de última hora, se acordó ampliar el plazo para hacerlo hasta el 14 del presente; al 15 para senadores y  al 10 para diputaciones federales.

Ella pudo haber renunciado hasta el último momento en espera de alguna solución a los conflictos internos, pero nada.

No se dio la ansiada conciliación. Anaya no sirvió para negociar la unidad que tanto necesitan hoy. El partido se le despedaza en las manos.

Ya solo falta ver que el PAN pierda la Presidencia de México en el 2018 a manos de Manuel López Obrador, como parece estarse escribiendo la crónica de una derrota anunciada.

Decíamos ayer que, esa salida, tendrá sus consecuencias en Tamaulipas. Pudiera darle un fuerte impulso a los candidatos sin partido a las alcaldías.

Si hablamos del PRI, el jerarca Enrique Ochoa Reza suspendió su visita de este sábado a ciudad Victoria. Oficialmente era para dialogar con la militancia. En el tiempo que lleva al frente, no se ha dignado estar a tierra cueruda. Ni un saludo les ha mandado a las bases locales.

¿Motivo para no presentarse? No parece haber otro que evitar las preguntas incómodas de la prensa sobre la detención del ex Gobernador Eugenio Hernández Flores por presuntos delitos del orden común.

La decisión de suspenderla fue comunicada después que “Geño” quedó internado en el Penal de Tamatán, la mañana de este viernes.

Aparte, mire que los militantes y simpatizantes de partidos políticos sí tendrán buen margen para meterle lana a la causa. El IETAM autorizó que hasta 516 mil 897 pesos con 14 centavos. ¡No más de esa cifra! Porque es delito.

Ah, y tienen que publicarlo. Si alguien suelta esa lanita ya lo estaremos informando.

Los ingresos particulares a los partidos no deberán ser superiores a los diez millones 337 mil pesillos. Si los “líderes” le buscan, encontrarán dinero. No se puede vivir siempre del gobierno.