Por David Zárate Cruz
Matamoros, Tamaulipas.- El Juzgado Primero Civil de Matamoros dejó pasar más de tres años sin obligar a un notario público a cumplir con la cancelación de una escritura, con lo cual violó la garantía de justicia rápida en perjuicio de una mujer.
Ante ello, mediante la sentencia 320/2017 el Poder Judicial Federal otorgó el amparo, para que se cumpla la sentencia de dieciocho de julio de dos mil trece.
El Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, determinó que el notario público Número 109 no ha informado al Juez de origen con los documentos conducentes el cumplimiento a la resolución de 18 de julio de 2013, en el caso de cancelar de manera definitiva en el protocolo a su cargo las escrituras, no obstante que mediante proveído de 20 de enero del 2014 se le requirió para que procediera.
El dos de mayo, una mujer acudió ante el Poder Judicial Federal en Matamoros para presentar demanda en contra del Juzgado Primero Civil, por el retardo en cumplimiento de sentencia en el juicio civil 1196/2012, considerándolo violatorio de la garantía de justicia rápida, establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciándose el juicio de amparo 320/2017.
El Juez señalo que la postura del Juzgado responsable denota una inobservancia de las disposiciones para lograr el cumplimiento de la sentencia; además de que el tiempo transcurrido desde el 10 de diciembre de 2013 -fecha en que se recibió el testimonio correspondiente al toca 497/2013, que confirmó la resolución- hasta el día en que se dicta esta resolución ha transcurrido un lapso de más de tres años, lo que provoca un mayor perjuicio a los derechos que se protegen a través de la garantía de acceso a la justicia.
El Juzgado emitió la sentencia, otorgando el amparo para que el Juzgado Primero Civil lleve a cabo los actos procesales que necesariamente son indispensables para que se cumpla la sentencia de 18 de julio del 2013, haciendo uso de los medios de apremio previstos en el artículo 16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo que deberá informar al Juzgado Federal en un plazo de 30 días.
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