Luis Torre Aliyán
Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Justicia o revanchismo? Se pregunta la gente.
Y yo preguntaría, objetivamente: ¿Si alguien (por decir algo) es presuntamente quien te robó en tu casa, y lo identificas, exigirías que esa persona fuera por lo menos investigada, sí o no?
Seguramente tu respuesta fue sí, y eso no es querer revancha, es querer justicia.
Creo, por analogía, que es ese pensamiento el que debe regir como respuesta a la interrogante con la que inicié.
Y es que justo la semana pasada les hablaba sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho, señalando que, aun sin resultados concretos, por lo menos se había conformado ya de manera completa el Sistema Local Anticorrupción en Tamaulipas, dentro del cual está la Fiscalía Anticorrupción, y que estaban ya listas las bases para que se combatiera la corrupción frontalmente, y creo, sin lugar a dudas, que la detención de Eugenio -consciente de que aun empieza el proceso y que aún no se determinan responsabilidades- es un paso en el camino correcto de ese fin.
Considero que, como ciudadanos, sin caer en aires triunfalistas, porque es apenas un órgano de nueva creación cuya legitimación está supeditada a los resultados que obtenga a través del tiempo, debemos reconocer la determinación de la recién creada Fiscalía Anticorrupción para velar por la recuperación del patrimonio de los tamaulipecos, ya que esto derivó en la aprehensión del ex gobernador Hernández Flores, a quien se atribuye haberse apropiado ilícitamente de una superficie de mil seiscientas hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira, que pertenecen al patrimonio del Estado.
Ahora, me parece que nos toca exigir dos cosas: 1) que las autoridades judiciales y de procuración de justicia, lleven un proceso legal, eficaz, y expedito, para que resuelvan tanto la situación jurídica del ex mandatario, como sobre las afectaciones patrimoniales del caso, y su restitución total al Estado; y 2) que el Sistema Anticorrupción tamaulipeco encuentre rumbo de cara a su consolidación, pues tarde o temprano tendrá que enfrentar casos de corrupción de funcionarios actuales, si los hubiere.
En fin, es momento de hacer valer el Estado de Derecho: pedírselo prestado a la retórica discursiva para que aterrice en la realidad. Es necesario que a través de medidas ejemplares, se inhiba a la clase política de la proclividad a la corrupción. Y vaya que existe tal proclividad, ¿eh? Si no pregúntenle a los 15 ex gobernadores que están siendo procesados penalmente.
