Agencias
Ciudad de México.- La Admnistración Enrique Peña Nieto habrá gastado alrededor de 60 mil millones de pesos en publicidad oficial, de mantener el mismo ritmo de pagos en lo que va de su gobierno, señaló Paulina Castaño, investigadora de Fundar.
Detalló que tan sólo Televisa y TV Azteca, en lo que va del sexenio, han obtenido contratos por 9 mil 769 millones de pesos, cifra que representa el 26 por ciento del total erogado por el Gobierno federal.
«De seguir con la tendencia en cuanto al incremento del gasto en publicidad oficial, el Gobierno de Enrique Peña Nieto podría ejercer un monto cercano a los 60 mil millones de pesos al cierre se su Administración», estimó Castaño.
Castaño expuso que, de 2013 a la fecha, el Gobierno federal gastó más de 37 mil millones de pesos, lo que implicó un sobreejercicio de 71 por ciento respecto del monto aprobado por la Cámara de Diputados, de 21 millones 97 mil pesos.
En 2016, por ejemplo, el Gobierno federal excedió 257 por ciento el presupuesto asignado para ese rubro.
La investigadora ilustró que la cifra ejercida hasta ahora en publicidad oficial equivale al presupuesto asignado en 2015 y 2016 a la atencion y prevención de desastres naturales.
La investigadora del Fundar participó en una conferencia conjunta con otras organizaciones civiles y representantes de instituciones autónomas que demandaron a la Suprema Corte de Justicia conceder un amparo para ordenar al Congreso emitir la ley reglamentaria que regula el gasto de comunicación social a nivel federal y estatal.
Castaño criticó que en el paquete presupuestal para el próximo año, aprobado esta madrugada por la Cámara de Diputados, de nueva cuenta los legisladores eludieron establecer candados que ordenen a las dependencias del Gobierno no sobreejercer determinado porcentaje en publicidad oficial.
«Resulta que la Cámara de Diputados no escuchó nuestras exigencias de meter un límite y candados presupuestarios en este ejercicio; no hay nada que indique que se va a tratar de limitar esta publicidad», observó.
«No hay un control en el Decreto de Presupuesto que diga que se va a establecer tal porcentaje o que no se pueden hacer (reasignaciones) o ampliaciones presupuestarias. Fundar, desde hace 10 años, ha estado pidiendo que en ese decreto se ponga un porcentaje (máximo de ampliación), nosotros peleábamos que fuera de no más del 10 por ciento, porque se sobreejerce hasta el 70 u 80 por ciento (cada año). No dudo, para nada, que el próximo año, como va a ser electoral, pues se va a sobreejercer muchísimo».
Paulina Cataño señaló que la ausencia de la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, vacío que se remonta 10 años atrás, ha permitido que la mitad de los Gobiernos estatales no proporcionen información detallada, coherente y sistematizada de sus erogaciones, mientras que otras entidades como Veracruz, durante la gestión de Javier Duarte, emiten acuerdos para reservar los datos relativos a comunicación social a fin de perpetuar el ejercicio discrecional.
También detalló que en 2015 los estados ejercieron 11 mil 895 millones de pesos. De esa bolsa, el 70 por ciento fue erogado por los Ejecutivos.
«Los sobreejercicios siguen siendo una constante, se gasta el doble de lo que se presupuesta y, por ende, se deja de gastar en rubros prioritarios como el social», refirió Castaño.
Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, organización que impulsó desde hace tres años el amparo que la Corte discutirá el 15 de noviembre, advirtió que los Gobiernos utilizan el gasto de publicidad para castigar a los medios que lo critican, con lo que ejerce una censura sobre ellos y violenta el derecho de la sociedad a la libertad de expresión y a la información.
«Los recursos públicos, nuestros impuestos, nuestra lana, debe utilizarse para solución a necesidades públicas urgentes, como es la reconstrucción tras los sismos de septiembre o para generar mejor infraestructura», secundó Castaño.
«Nuestro dinero no debe servir para beneficiar a funcionarios o incluso a medios de comunicación. Mi lana no es mordaza».
La consejera del INE, Pamela San Martín, criticó el derroche en publicidad oficial en vista de las carencias sociales del País.
«Son recursos indignantes en un país como el que tenemos, con las desigualdades, las necesidades que tenemos. El monto que se destina es lastimoso para la sociedad mexicana. Es lastimoso y no tiene límites», subrayó San Martín.
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