Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el curso de la semana que termina, Don Arturo Soto Alemán, el Subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado, anunció la elaboración de un padrón de autos “chocolates” que circulan en Tamaulipas (que deben ser miles y miles).
No es regularización ni legalización, solo una lista con datos y referencia de propietarios y unidades para tratar de identificarlos cuando provoquen accidentes o se cometan delitos.
Anda haciendo fuera del hoyo.
Es lo mismo que a lo largo de los años han tratado de hacer, sin éxito, Chihuahua y Sonora.
Parece ignorar, Don Arturo, que hay un convenio firmado en junio del 2015 entre el jefe de Lolita, Luis Videgaray Caso y el Gobernador Egidio Torre Cantú, que se denomina “de colaboración administrativa en materia fiscal federal”.
A través del mismo, el Gobierno de Tamaulipas se compromete a decomisar las unidades “chuecas” (todas) que circulen por el territorio, fincar responsabilidades a los propietarios y rematarlas como útiles o chatarra.
El beneficio para la hacienda estatal es que se va a quedar con el ciento por ciento de esos ingresos.
En lugar de hacer un padrón o pensar elaborar engomados, placas de cartón o de plástico, la responsabilidad del Estado es hacer cumplir las Leyes en vigor.
Si el Gobierno del Estado, según el convenio y los anexos, promueve la legalización, se hará acreedor a sanciones por parte de Hacienda. Se le descontarán participaciones federales por cada vehículo que nacionalice o bien se encuentre en territorio estatal.
Elaborar un padrón de vehículos ilegales es aceptar, tolerar y promover el contrabando, a lo cual Lolita se opone para proteger la industria nacional que genera millones de empleos.
El gobierno estatal tiene estrictamente prohibido entregar placas y engomados a los “chocolates”.
Y aquí la pregunta ¿Por qué permitir entonces que varias organizaciones vendan placas?.
Desde luego que no todo lo dicho por Soto Alemán está fuera de realidad. Puede decomisar no solo unidades en lo individual, por las calles, sino en lotes de comercialización.
El anexo ocho de ese convenio menciona que el Gobierno de Tamaulipas, en el combate al contrabando, podrá practicar visitas domiciliarias y auditorías en busca de mercancías (o autos) en domicilios fiscales, centros de almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis o lotes en donde se realice la exhibición para la venta, mercado sobre ruedas, puestos fijos y semifijos.
Los carros ilegales pueden ser detenidos estacionados, o en movimiento por calles o carreteras.
Las policías preventivas estatales y municipales (tránsito) están en condición de decomisar incluso autos de lujo y deportivos. Los ingresos que generen por el remate, se quedarán en sus respectivas haciendas.
Esto no es exclusivo de Tamaulipas. Tales convenios se firmaron en las 32 entidades federativas.
Aunque tiene el control sobre el tema, Hacienda se quitó la bronca de los impopulares decomisos.
Cuando a principios del 2017 el Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, emanado del PAN, anunció que levantaría un censo de americanos para entregar placas de plástico, lo paró en seco Lolita.
Javier alegaba que, identificar a los ilegales reduciría hasta en 90 por ciento los delitos de alto impacto. No fue aceptada su propuesta.
Si el convenio con Tamaulipas se firmó a mediados del 2015, no hemos visto la requisa de automotores. No convenía -ni conviene- por razones políticas retener y subastar los miles de “chuecos”.
Más vale quedarse como estamos. Ambas partes, Hacienda y el Estado, se hacen “de la vista gorda” y los votos siguen llegando.
Ni el gobierno estatal hace decomisos, ni Hacienda le descuenta participaciones, “equivalentes al 1% de la recaudación promedio mensual que hubiere obtenido por concepto del impuesto sobre automóviles nuevos del año inmediato anterior”, por cada automóvil.
Hay que aclarar que Soto Alemán solo tiene prohibido retener aviones, ferrocarriles y barcos, aunque sean ilegales.
Iba muy bien el Subsecretario en eso de meter al orden a las organizaciones que, con el argumento de defensa de los poseedores, venden placas hasta en dos mil pesos -por año- asegurando con ello la inmunidad ante el decomiso.
Centrado también en que el mal comienza en la frontera porosa. Las chatarras entran por las aduanas y no volando.
Es la corrupción que tiene años arraigada en los cruces fronterizos. Sigue con elementos de la Policía Federal Preventiva -División Caminos- y culmina con los agentes viales de los pueblos que son destino final del contrabando.
No hay duda que es ahí donde se necesita la concertación de autoridades federales y estatales. Si ya no entran “chocolates”, en pocos años la chatarra desaparecerá de las ciudades y san se acabó.
En otros temas, el Gobierno del Estado convocó a postores la construcción de una ciclopista que partirá del bulevar Fidel Velázquez (central de autobuses) hacia el sur, hasta llegar a la calle De la Unidad en la carretera a Soto la Marina. Tendrá dos ciclopuertos con biciestacionamientos para cinco unidades cada uno.
Son recursos federales de los Programas Regionales que abarcan la modernización de esa parte de la avenida, a su paso por la Unidad Deportiva Siglo XXI. Los trabajos deben arrancar el 12 de diciembre y culminar el 10 de abril.
Ya solo falta que se opongan los tradicionales ambientalistas, los mismos que no querían la rehabilitación de la calle 17.
Ya circulan las invitaciones para el Cuarto Informe del Rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río y la toma de protesta de su sucesor, José Andrés Suárez Fernández. Los eventos están programados a las doce del día en el Teatro Juárez, el jueves 30 de noviembre.
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