Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas aprobó este miércoles la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que prevé vigilancia, chalecos antibalas y hasta vehículos blindados cuando la vida de alguien de ellas esté en riesgo.
Con ello se podrán implementar medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia de la promoción de derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión.
Son 29 artículos con tres transitorios. A partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, se le conceden al Poder Ejecutivo 180 días para que elabore el respectivo reglamento.
Mientras tanto, en 10 días deben comenzar las actividades de lo que se denomina Coordinación Estatal (de defensa de activistas y periodistas), que será presidido por un representante de la Secretaría General de Gobierno y con la participación de la Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y Comisión de Derechos Humanos.
Tendrá un secretario técnico que será la titular de la subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales.
El artículo Cuarto menciona que la Coordinación podrá emitir resoluciones para satisfacer medidas provisionales, de prevención, preventivas, de protección y medidas urgentes a favor de los activistas y periodistas.
Tales resoluciones serán obligatorias para las autoridades estatales.
El Estado solo podrá implementar medidas inmediatas. Corresponde al Mecanismo Nacional, adscrito a la Secretaría de Gobernación, decidir lo definitivo para proteger a quienes sufren violencia con motivo de su labor.
APROBADA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS
En la misma reunión, la legislatura aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas que busca realizar obras, prestar servicios, realizar investigación aplicada e innovación tecnológica.
La asociación del sector público con inversionistas se podrá realizar en cualquier nivel del gobierno estatal, ayuntamientos y organismos descentralizados.
En obras públicas se da el visto bueno para celebrar contratos plurianuales, mediante la aprobación de los presupuestos correspondientes por el Congreso del Estado.
Cada contrato podrá licitarse, hacerse por invitación a por lo menos tres inversionistas o bien asignarse en forma directa, tal y como se hace ahora con la obra pública.
Al asociarse, gobierno e iniciativa podrán aportar el 50 por ciento de las acciones, o bien el mayor capital de los particulares. Los proyectos tienen que ser redituables y a un plazo no mayor de 30 años. Pueden participar empresas o personas físicas.
Dicha Ley contiene 112 artículos.
En base a sus contenidos se podrán realizar las obras públicas del Estado o los ayuntamientos, con pagos mensuales que harán a los particulares, más los intereses.
ULTIMATUM A 8 AYUNTAMIENTOS INCUMPLIDOS
El Congreso concedió un plazo de 72 horas a ocho ayuntamientos para que cumplan con la Ley en la elaboración de sus iniciativas de Ingresos para el 2018.
De lo contrario los alcaldes se harán acreedores a sanciones administrativas, dijo el coordinador parlamentario y presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos García González.
De nueve municipios el único que cumplió fue El Mante, para lo cual el coordinador envió una felicitación al alcalde Juan Francisco Leal Guerra y sus colaboradores.
En violación a las Leyes de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y la General de Contabilidad Gubernamental, omitieron documentación e informes los municipios de Altamira, Güémez, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Aldama, Jaumave y Tampico.
Inicialmente se concedieron 48 horas de plazo, pero a instancias del representante priísta Alejandro Etienne Llano, se amplió a 72.
Los nueve representan el último paquete de iniciativas de Ingresos que analizan las Comisiones respectivas, para emitir un dictamen y someterlo al pleno de los diputados.
Entre otras omisiones, los diputados señalaron no presentaron algunos formatos obligatorios de proyecciones de posibles ingresos, además de hacer los cálculos en días de “salario mínimo” y no en UMAS como dice la Ley.
Hay tantos errores que un municipio presentó sus documentos en “días UMAS”.
En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados manifestó que, de los 43 ayuntamientos, 39 cumplieron en tiempo para enviar sus iniciativas antes del diez de noviembre.
De los restantes tres, uno, Guerrero, concurrió en forma extemporánea y dos, Madero y Jiménez, de plano se olvidaron de esa responsabilidad.
Acordaron reanudar la sesión el miércoles próximo a las diez y media de la mañana en el salón Independencia del Palacio Legislativo. Si para entonces no tienen la información completa, habrá sanciones para los presidentes municipales.
En espera de la información, el dirigente parlamentario giró indicaciones para que haya personal de guardia en el Congreso durante el fin de semana.
PIDE REALIZAR “PATRULLAJES CIBERNETICOS”
Siete fueron las iniciativas que presentaron los diputados.
Entre ellas la legisladora Copitzy Hernández García, priísta de Río Bravo, quien pidió punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia, que realicen “patrullajes cibernéticos” para detectar a defraudadores, acosadores sexuales, extorsionadores y otros delitos comunes en la red del ciberespacio.
Solicitó una sección policiaca de Internet que trabaje las 24 horas del día los 365 días del año en labores preventivas.
La panista Ana Lidia Luévano de los Santos subió proyecto para exhortar a la Policía Federal Preventiva, División Caminos, que realice “operativos nocturnos” por las carreteras de Tamaulipas para detectar unidades de transporte pesado sin luces, que muchas veces son causantes de accidentes.
Oscar Martín Ramos Salinas, de Nueva Alianza, exigió la construcción de más “residencias de día” donde se proporcione a los adultos mayores tamaulipecos servicio de alimentación, atención psicológica y trabajo social, entre otros.
Por ahora, en Tamaulipas hay siete casas que funcionan en diversas ciudades, pero faltan más ante el envejecimiento de la población, dijo.
Por su parte la diputada María de Jesús Gurrola Arellano solicitó reformas al Código Penal en su artículo 337, para elevar a 60 años de cárcel a quien o quienes cometan el delito de feminicidio.
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