Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues nada, que llegaron los impuestos (o derechos, que viene siendo lo mismo) al sector agropecuario. Hay que «mocharse» con Hacienda estatal por muy variados conceptos.
Según la Ley de Ingresos para el 2018, deben pagar los ejidatarios o rancheros que improvisen camionetas o camiones para el traslado de semovientes. También aquellos que movilicen enjambres de colmenas.
Por si usted no lo cree, se dará un cobro por la «supervisión» de cada cajón de abejas.
Tienen que hacer un registro ante la Secretaría de Desarrollo Rural, dirigida por alguien que se ostenta como contador público, Ariel Longoria García, a quien la dependencia se le está yendo de las manos por ineficiente y bruto.
No tan solo no reúne el perfil para estar el frente, sino que no se tituló como contador y es proveniente de una oscura institución de nombre Centro de Estudios Universitarios (CEU), de Monterrey… En mi tierra les dicen «patito».
Su currículum menciona que solo tiene una «constancia». Aun así trabajó como Jefe de Informática, Contabilidad y Glosa de la aduana de Camargo, Tamaulipas. Duró apenas unos meses, del uno de octubre del 2003 al 28 de febrero del 2004.
Como contador, tuvo otra presencia furtiva como delegado administrativo de Tránsito en Reynosa, entre 1999 y 2001.
Pues bien, en el área de Don Ariel ¿Quién más pudo haber pedido los cobros? a partir del uno de enero comenzará el «ajuste» de nuestros pequeños productores. Si se descuidan se les cobrará hasta por el número de perros que críen, respirar o ponerse la guaripa.
Tienen que pagar por «inspección» de ganado en tránsito, 40 pesos por cabeza de bovino.
Deberán mocharse con Hacienda por el traslado de mulas, cerdos, borregas, chivas y hasta por cada gallina que viaje del ejido a la ciudad o viceversa.
A partir de enero nuestros productores pecuarios tendrán la obligación de reportarse en las Oficinas Fiscales por cada corral que construyan (registrarlos).
El vehículo en que trasladen esos animales, deberá cubrir el importe a siete veces UMA (más de 500 pesos).
Por cada «inspección» de su ganado, nuestros productores serán obligados a depositar una Unidad de Medida y Actualización.
Por si fuera poco, los acopiadores o compradores de especies deberán «registrarse» en Desarrollo Rural a un costo de 70 UMAS.
Pasarán a cuchillo con casi mil 500 pesillos, a los individuos o empresas que se dediquen al comercio de productos cárnicos o lácteos. Son los que conocemos como lecheros.
No escaparán las autotiendas (tiendas de autoservicio) como Soriana y GranD. El pago para la SDR será de 270 Unidades, que es lo mismo que 20 mil pesillos anuales.
Dígame usted si no va subir el precio de la carne en el 2018, pues los introductores tendrán que liquidar 14 veces la Unidad diaria, algo como mil 100 pesos, por la «inspección» de la carne en canal en sus diversas presentaciones.
Lo anterior es en ganadería. También serán llamados los agricultores que tengan algún almacén o se dediquen a comprar.
Mejor la dejamos así por ahora. Definitivo que el 2018 no pinta bien para el sector agropecuario de pequeña escala.
En asuntos diferentes, Ramón Garza Barrios, ex alcalde de Nuevo Laredo, dio el paso definitivo rumbo al partido de López Obrador. Se va para Morena.
Hizo su «debut» en oficinas centrales y no en Tamaulipas. Cree que tendrá oportunidad, por lo menos, de ser candidato a alcalde. En el mejor de los casos diputado.
Se suma a los escurrimientos del PRI, elementos que solo piensan en intereses personales. Creen que Don Peje ganará la Presidencia y los impulsará con el voto de «rebote».
Garza fue pastor del Congreso del Estado en los tiempos de Eugenio Hernández Flores y luego ocupó la alcaldía, donde dejó cuentas pendientes por millones de pesos. No se supo dónde quedó la lana de préstamos millonarios que solicitó.
Hay una denuncia penal en su contra que presentó el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, por el faltante de inversiones para colectores de drenaje con créditos del Banco de Desarrollo de América del Norte.
Se suma a otros tricolores que abandonaron el barco cuando va en picada.
La mañana de este viernes trascendió la renuncia de Jesús Nader a la secretaría de Administración del Gobierno. Trae ganas de ser candidato, otra vez, a la Presidencia Municipal de Tampico. Como que quiere volver a perder.
Su situación es muy vulnerable y podría morder polvo, máxime si Magdalena Peraza Guerra va por la reelección. Además, encontraría un PAN dividido por la ambición de compañeros suyos en ocupar esa posición. El mero jefe podría decidir por un elemento externo.
Finaliza el año y no se le hizo volver a la delegación de Profeco al joven Jorge Alberto Méndez Guillén, el cachorro de Mercedes del Carmen Guillén Vicente, ahora diputada federal y aspirante a senadora por el PRI.
El muchacho tiene castigo por la secretaría de la Función Pública hasta el 14 de noviembre del 2025. Puede regresar a las nóminas a partir del 15.
Pero como el 15 es sabadito, mejor le recomendamos que se espere al lunes que es 17 de noviembre del 2025 ¿No?.
Y el gobierno federal «soltó» a Doña Elba Esther Gordillo Morales, ex caciquilla del magisterio ¿El precio? Ir en sociedad con el PRI para las elección del 2018. Con ella se refuerza la posibilidad de que gane José Antonio Meade. Por lo pronto tendrá prisión domiciliaria y no podrá ir a campaña.
Por cierto, surgen algunas preguntas sobre Meade ¿Va a visitar Tamaulipas como precandidato? ¿Cuándo se dará esa vuelta? ¿Cuánto influirá en la designación de candidatos a senadores y diputados?.
Un dato: Para el 2018, la Asesoría Jurídica del Gobierno del Estado dispondrá de 40 millones de pesos para liquidar demandas laborales. Hay miles. Es un poquito más que los 37 del presente ejercicio.
Nos vamos.
Discussion about this post