Agencias
Ciudad de México.- El sector patronal señaló que la simulación en el cumplimiento de las reglas electorales ha sido la norma entre los partidos políticos.
En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, afirmó que existe evidencia de gastos de campaña millonarios que no cuadran con el nivel de gasto que debiera observarse.
Más aún, dijo, se realizan transferencias de recursos en efectivo, no obstante que la ley es clara al señalar que cualquier donación solo puede hacerse a través del sistema bancario.
«La violación de la legislación electoral ha ido creciendo al punto en que es trastocada en forma sistemática. La simulación en el cumplimiento de las reglas del proceso electoral es la norma, más que la excepción, entre los partidos políticos.
«Cada día de ‘precampañas’, que en realidad son campañas abiertas, es una muestra fehaciente de que se está burlando el espíritu de la legislación electoral y, con ello, debilitándose la legalidad, la transparencia y la legalidad en los comicios», afirmó.
Detalló que en los Gobiernos la Ley General en Materia de Delitos electorales es clara en sancionar el desvío de los recursos y aportaciones económicas provenientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y de las entidades.
Sin embargo, manifestó De Hoyos, existe evidencia de que los gobiernos federal y estatales dedican recursos, personal e información de sus bases de datos para las precampañas.
Refirió que de acuerdo con testimonios de ex funcionarios de los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, desde estas entidades se triangularon recursos federales para las precampañas priistas, con el posible silencio y complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Añadió que la legislación electoral es clara también en que el gasto de los partidos políticos deberá estar plenamente fiscalizado a lo largo de todo el proceso electoral.
«Aún así, sabemos que ciudadanos y empresarios proveen de apoyos ilegales a los candidatos. Es por demás desafortunado que quienes en otros momentos apelan al estricto apego al estado de derecho, en el proceso electoral encuentran formas de justificar sus abiertas violaciones a la ley», subrayó el líder patronal.
Ante esta situación, Gustavo de Hoyos pidió a la Procuraduría General de la República por conducto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, realizar en tiempo real un seguimiento jurídico puntual a todas las violaciones que se presenten.
De otra forma, señaló, en la medida en que el fiscal electoral se evidencie como laxo, habrá incentivos de los partidos, coaliciones, gobierno, e incluso de la propia sociedad para vulnerar el proceso electoral.
Además, el Instituto Nacional Electoral debe aplicar escrupulosamente, como árbitro de primera instancia, sanciones a cualquier violación electoral, sin partidismos o favoritismos de ningún tipo, recalcó.
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