Por David Zárate Cruz
Matamoros, Tamaulipas.- El Juzgado Segundo Civil de Matamoros ordenó que se llevara a cabo un cateo autorizándose el rompimiento de cerraduras para que se hiciera la entrega en forma material y jurídica de un inmueble embargado, sin que la persona afectada por ello haya sido citada legamente a juicio, por lo que mediante la sentencia 47/217 el Poder Judicial Federal otorgó el amparo anulando todo el proceso.
El Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, determinó que en el acta levantada con motivo de la diligencia de emplazamiento no aparece la firma de la persona con quien se atendió la diligencia, ni se asentó el motivo de esa omisión, incumpliendo con la disposición que obliga al fedatario a asentar en el acta respectiva la razón de que solicitó al emplazado suscribir el acta o bien dejar claro si éste no quiso o no pudo hacerlo.
El 27 de enero del 2017 una persona acudió ante el Poder Judicial Federal en Matamoros para presentar demanda en contra del Juzgado Segundo Civil, por la ilegalidad del emplazamiento llevado a cabo dentro del juicio hipotecario, lo que consideró como violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
El Juez señalo que la diligencia de emplazamiento que por esta vía se combate es violatoria de las garantías individuales consagradas a favor de la persona afectada, en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no cumple con las formalidades esenciales que establece la ley, lo que la dejó sin defensa, pues el actuar de la autoridad ordenadora al convalidar el emplazamiento y continuar el juicio por sus fases legales también se tornó ilegal.
El Juzgado emitió la sentencia otorgando el amparo para que el Juzgado Segundo Civil deje insubsistente lo actuado en el juicio natural a partir de la diligencia de emplazamiento, ordenar su debida realización con las formalidades esenciales, para que así derive la oportunidad de que el procedimiento se siga conforme la ley lo dispone, dándose la oportunidad de que la parte enjuiciada pueda comparecer a deducir sus derechos.
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