Agencias
Nueva York.- Miles de personas en Venezuela sufren hambre, no tienen acceso a medicamentos esenciales y están tratando de sobrevivir en una espiral que no parece tener final, de acuerdo a un grupo de expertas y expertos de Naciones Unidas.
Los expertos hacen un llamado urgente al Gobierno a que tome medidas para enfrentar la crisis, y a la comunidad internacional a apoyar medidas que eviten una tragedia de grandes proporciones.
«Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas» alertaron.
En la declaración conjunta de los expertos, emitida desde Ginebra, indican que las condiciones siguen empeorando día con día.
«Se estima que en 2016 más del 50 por ciento de la población vivía en pobreza extrema, cifra que sin duda se ha incrementado si se considera que la inflación alcanzó más del 2 mil 400 por ciento en 2017″, subrayaron los expertos.
De igual forma afirmaron que la población en Venezuela sufre múltiples violaciones a sus derechos humanos y agregaron que muchas personas están sufriendo desnutrición, y la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables.
Especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer.
Los expertos indicaron que el desabasto crónico de medicamentos y equipo está provocando muertes que se podrían prevenir.
» Incluso diversos servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país afectando la salud y colocando a alrededor de 15 mil personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida», enfatizaron.
«Hacia el final del año pasado, una familia necesitaba ganar 63 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar. Otras estadísticas muestran que la desnutrición está afectando ya a 1.3 millones de personas y que en promedio cinco o seis niños mueren cada semana por desnutrición,» destacó Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.
Asimismo, Dainius Paras, Relator Especial sobre el derecho a la salud, afirmó que las restricciones financieras no eximen a los estados de sus obligaciones básicas.
Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, llamó la atención sobre informes de desalojos forzosos, lo cual se suma a las circunstancias alarmantes a las que enfrenta la población en Venezuela.
«Sus pertenencias han sido destruidas o confiscadas. El debido proceso y el imperio de la ley no han sido respetados en estos casos», remarcó.
El grupo de expertos y expertas también manifestó que la falta de información oficial actualizada sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hace imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis y la medida en la que el Gobierno está protegiendo y garantizando sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
«Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico», urgieron.
«Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela», recomendaron.
En diciembre de 2017, varios expertos de la ONU enviaron una carta al Gobierno de Venezuela manifestando su preocupación sobre la situación de extrema pobreza y de varios derechos económicos, sociales y culturales.
Esta comunicación y la respuesta por parte del Gobierno serán publicadas en los próximos días en antes de la sesión 37va del Consejo de Derechos Humanos, que inicia el 26 de febrero.
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