Tres niños y una abuela, entre las últimas víctimas de ETC y ‘Chuchín’ de la Garza

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Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Juez Primero Familiar de Victoria violó la garantía de audiencia y el interés superior del niño al entregar en adopción a tres menores sin tomar en cuenta la solicitud hecha con antelación por la abuela de ellos, y basándose en mentiras del DIF de Matamoros y del de Tamaulipas, en tiempos de Jesús de la Garza Díaz del Guante y de Egidio Torre Cantú.

Verificados los hechos, mediante la sentencia 306/2017 el Poder Judicial Federal otorgó el amparo a la abuela de los tres menores dados en adopción en forma ilegal.

El Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, determinó que las autoridades violaron las garantías de la abuela y la contravención al interés superior de  los menores que fueron adoptados y, derivado de  la resolución, se llevó a cabo el cambio de  los apellidos de los niños para quedar con el de sus padres adoptivos, y la imposibilidad que tuvo, como su ascendiente, para cumplir con su deber  de preservar tal derecho.

El 26 de abril del 2017 la abuela de los menores acudió ante el Poder Judicial Federal en Matamoros para presentar demanda en contra de la presidencia del DIF de Matamoros, de la del DIF de Tamaulipas y del Juzgado Primero Familiar de Victoria, por la entrega de los menores de edad en adopción, considerándolo violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso.

En un principio la abuela acudió al DIF Matamoros a solicitar orientación y apoyo  para lograr que la madre asumiera sus obligaciones propias respecto al cuidado de sus hijos, entonces de cinco meses de edad, pero el día de la cita  ambas fueron separadas y al terminar le dijeron que en dicha cita la madre los entregó en adopción, lo cual le pareció absurdo habida cuenta que ella como abuela había estado haciéndose cargo de los infantes y así podría continuar  haciéndolo.

Entonces le informaron que si quería adoptarlos debería hacer un juicio, con lo cual inició los trámites, pero posteriormente le dijeron que ya no podría continuar con ello sin darle ninguna explicación.

Lo cierto era que en 2016 la presidencia del DIF de Matamoros los entregó al DIF Tamaulipas y en el juicio 316/2017 el Juez Primero Familiar entregó a los menores a otros solicitantes, ante lo cual la abuela recurrió al juicio de amparo.

El Juez señaló que de las actuaciones del juicio de adopción no se desprende que la abuela se hubiese hecho cargo de sus nietos para después dejarlos en abandono, o que se rehusó a hacerse cargo de ellos, como lo mencionaron entonces las autoridades del DIF.

Sin embargo, esas afirmaciones están sustentadas en una hoja “Reporte de Trabajo”, elaborado por personal del DIF de  Matamoros, por lo que no es posible otorgarle el alcance que pretende  la responsable, esto es, que sean fidedignas.

Y sí, por el contrario, se tiene un escrito consistente en la copia certificada de las  diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar concubinato que promoviera la abuela al inicio del 2016, es decir casi un mes y medio posterior a la entrega de  los menores, lo que corrobora la versión que ha dado en todo momento en el sentido de que llevó a cabo las gestiones que le indicaban eran necesarias para que adoptara a sus nietos.

Entre los documentos se encuentra una carta en la que cada uno de los concubinos describe datos personales y familiares desde su educación preescolar, en la que solo la del varón se  asentó como fecha 3 de enero de 2017. Ambos refieren tener  la  intención y deseo de recuperar a sus nietos “cuatitos”, así como la del hermano mayor de éstos, en ese entonces de dos años de edad, para que permanezcan  juntos, y a quienes pretenden darles cariño y amor.

El Juez otorgó el amparo para que el Juzgado Primero Familiar de Victoria deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de adopción y reponga el procedimiento que se siguió para obtener la adopción de los menores a fin de que desconozca el carácter de tutor legal a  quien se ostentó como tal, y se llame al procedimiento con el carácter de personas interesadas a la madre así como a la abuela materna.