Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este cuatro de enero los funcionarios federales se dejaron venir desde la CDMX a Reynosa en plan vacacional ¿a qué más?. No convence el plan económico de recuperación que traen para la frontera.
Da pena decirlo pero es la verdad y vamos a decir por qué.
Antes de pensar en la reactivación económica, turismo, generación de empleos, creación de más empresas, desarrollo de tecnología, atracción de inversión extranjera y por tanto mayor recaudación fiscal, el gobierno de López Obrador necesita pensar en la paz y seguridad de la región.
El mismo decreto del Presidente dice que en 2016, México fue declarado por organismos internacionales en segundo lugar mundial como “zona de conflicto mortal”, después de Siria, por tantos actos delictivos.
Agrega el documento que, en Reynosa, se comete el doble de homicidios que el promedio nacional del resto del país, y que el Producto Interno Bruto se ha reducido hasta en un 37 por ciento en los últimos años, todo a causa de la violencia.
Sobra decir que primero deben pacificar la zona. De ahí parte el resto. Comenzaron al revés ¿Cómo atraer turismo -como dicen-, si las balas silban por todos lados?, ¿cómo atraer capitales si los ahuyenta el crimen?.
Ahora bien, para hacerse acreedores a los descuentos impositivos, será un viacrucis interminable.
Los mismos funcionarios creen que en el resto de México podría darse la promoción de amparos por violentar el principio de igualdad fiscal. Mexicanos de primera y de segunda. Unos pagan más impuestos, otros menos.
Don Manuel López y sus secretarios decretaron que los estímulos persiguen un fin extra fiscal y no se trata de una Ley ¿habrá los amparos?. Pendientes.
Malamente el gobierno del centro le llama “zona franca” o “zona libre” de comercio y servicios, a una selectiva serie de estímulos fiscales que trata de impulsar en 43 municipios. En México no hay esas figuras (hasta ahora).
Declararla implicaría que pueden ingresar y circular mercancías libres de impuestos, desde los Estados Unidos, hasta 25 kilómetros República adentro.
No hay tal. No beneficiará a los consumidores finales, solo a intermediarios y prestadores de servicios dados de alta y al corriente con Hacienda, a quienes se devolverá parte del gravamen luego de largos procesos burocráticos.
No es obligatorio. Entrarán al programa los causantes que lo deseen, que por igual pueden darse de baja.
Más bien se trata de una quita al Impuesto Sobre la Renta, de un tercio de lo que paga el resto del país (quedar en el 20 por ciento), y de un 50 en el IVA (8 por ciento). No hay una Ley que así lo diga. Solo es un decreto administrativo con vigencia de dos años.
Vamos por partes.
Tal beneficio no tiene validez para los importadores; tampoco para los acreedores de otros programas.
Según el decreto del Presidente López Obrador, no tiene vigor para los productores agropecuarios del norte de Tamaulipas, actividad en que se finca la economía de esa región. Quedan fuera también los pescadores -otra actividad fundamental- y los productores silvícolas (maderables).
Por si fuera poco, tampoco recibirán quita las sociedades cooperativas de producción (numerosas pesqueras del litoral).
Están fuera los prestadores de servicios profesionales (abogados y contadores, por ejemplo).
No entra la compra de bienes inmuebles aunque sean parte de los negocios.
Los intangibles igual, considerados como bienes digitales, software, audio y video, por aquello de que fácilmente se pueden comercializar en el resto del país.
No son candidatos a la quita los bancos, seguros, empresas de fianzas, fideicomisos y empresas de los gobiernos federal, estatales o municipales.
Hay otros candados para los causantes que se quieran acoger al beneficio.
Personas físicas o morales tienen que demostrar una antigüedad de por lo menos 18 meses con actividades en la frontera, donde realizan hasta el 90 por ciento de sus operaciones (ejercicio anual anterior).
Si se trata de nuevas empresas o negocios, incluidas sucursales y agencias, deberán confirmar que estrenan muebles de oficina y hay capacidad para vender en la frontera.
Tienen hasta el último de enero para presentar la intención de acogerse al programa (que no zona libre), y hasta el 31 de marzo para presentar toda la documentación que exige Hacienda.
Un mes después la secretaría les comunicará que están inscritos en el Padrón de Beneficiarios de descuentos. Si no reciben el respectivo oficio, quedarán fuera sin saber las causas.
La alta en el padrón 2019 y 2020 deberá solicitarse antes del último de marzo.
Lógico que los causantes deben estar libres de pendientes con Lolita y fuera de toda sospecha de hacer trampas con facturas (falsas) o incumplir contratos del erario.
Ante este escenario, casi seguro que al final del proceso muy pocos causantes se acogerán al proyecto de reactivación. El tema quedará en propaganda para la Cuarta Transformación de la República.
La gente, los ciudadanos esperan algo urgente sobre la seguridad pública. Sin paz y tranquilidad no puede haber negocios.
Eso lo saben los funcionarios pero no se interesan. Andan en campaña partidista.
En Reynosa fue el comienzo. El tour continuará por otros dos puntos de la frontera norte para hablar de algo que no es “zona libre” ni “zona franca” sino zona de guerra por tanta violencia. Es ahí donde se necesita la acción inmediata.
Quisiéramos estar equivocados pero es el escenario que prevalece.
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