Discapacitados de Tamaulipas lanzan un reclamo de ayuda a los funcionarios ‘normales’

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Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si logran que la sociedad y el gobierno volteen su mirada hacia ellos, su grito de auxilio no será en vano.

Recinto de sesiones del Congreso del Estado: son 38 “diputados” discapacitados motrices, auditivos, visuales e mentales. Este es “su día”, el momento de denunciar la discriminación y represiones de que son objeto por la misma sociedad.

Diez de ellos presentaron iniciativas. En resumen son un alarido de ayuda a las autoridades para que les den facilidades, que los consideren como iguales en el trato, en las oportunidades laborales y deportivas.

Primer Parlamento Incluyente de Personas con Discapacidad en que unieron sus esfuerzos el Congreso del Estado, DIF Tamaulipas y organizaciones de la sociedad civil, para escuchar cual es la legislación que demanda este segmento vulnerable de tamaulipecos.

Y ellos lo hicieron “sin límites ni barreras”, como se les pidió.

Es la primera vez en la historia local que se realiza un ejercicio de esta naturaleza. Sin duda será motivo de reformas y  adiciones a la legislación en vigor, para enriquecerla.

Juan de Dios Zúñiga, discapacitado en silla de ruedas menciona desde la máxima tribuna de Tamaulipas los tratos indignos que reciben, omisiones de la Ley y la falta de infraestructura para ellos en la mancha urbana.

Pide “permiso” a la mesa directiva de la sesión, para mencionar  por su nombre a una cadena de tiendas de autoservicio que no cumplen con la norma de construcción, que se entiende aplica y vigila la Presidencia Municipal.

Si en la ciudad hay 50 Oxxos, dice, “dos o tres son los adecuados”, tienen la infraestructura para sillas de ruedas.

Hay oficinas públicas que no tienen accesos; “no podemos entrar a edificios donde no hay rampas”.

Los cajones exclusivos de estacionamiento que hay en la ciudad “están adecuados solo para que entre el vehículo” pero no se puede bajar la silla de ruedas “porque no tienen las medidas internacionales”.

En otras palabras, los cajones públicos no sirven a los discapacitados motrices.

Aparte que muchas oficinas públicas no tienen accesos, no se pueden comunicar con los funcionarios porque éstos no saben el lenguaje de señas y no tienen traductores.

“Encontramos barreras día a día”, manifiesta Juan de Dios desde la tribuna donde es uno de los 38 diputados (dos más que en la realidad) electos en procesos previos.

Reitera: “Si bien hay ayuda del sector educativo, no lo es todo”, y va señalando las experiencias de falta de accesibilidad a los edificios, de perros guía para los débiles visuales y la falta de comunicación para los sordos.

Joel Vázquez Infante está ciego. Se auxilia del sistema Braille. Narra su experiencia de dificultades para que  el INE lo nombrara funcionario de casilla en las elecciones del dos de junio. Le exigían un guía.

Al final logró su objetivo… como suplente.

José Rafael Maldonado es un niño de escasos seis años. No puede pronunciar palabras. Su madre, Martha, hace suya la ponencia.

Quiere integrar el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación como un organismo público descentralizado del gobierno. Para ello se tendría que adicionar la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Las iniciativas se encaminan todas hacia dicha Ley y el reglamento que ya está en vigor. Sienten que le falta mucho.

Gustavo Mora Ardilla llega a la tribuna en silla de ruedas auxiliado por su madre. Padece discapacidad múltiple severa. Ella habla por él y va enumerando las “actitudes negativas” de servidores públicos, problemas de transporte y de acceso a edificios de oficinas.

Su petición va dirigida a que las autoridades federales y estatales establezcan centros de apoyo para todas las edades y no solo entre los 45 días de nacidos y 12 años, o hasta los 22.

Lidia Enríquez Cárdenas se pronuncia por la construcción de instalaciones de alto rendimiento para el deporte adaptado.

Sandra Rodríguez Medina pide también reformas a la citada Ley para que recibir servicios públicos sin discriminación alguna.

La iniciativa de Julio Gali va por igualdad de oportunidades laborales.

Esther Domínguez Rodríguez porque el gobierno les brinde servicios  integrales de rehabilitación.

Las iniciativas fueron enviadas a comisiones para su estudio y dictaminación. Al final, la Coordinación Parlamentaria del Congreso ofreció una comida a los discapacitados y sus familias.