Custodiado por policías Congreso de BC confirma a Jaime Bonilla por 5 años

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Por Agencias

Ensenada.- El Congreso de Baja California sumó este día un nuevo escándalo.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) rechazó el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para no avalar la reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.
Durante la sesión extraordinaria que llevó a cabo a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Rosarito, aprobó la declaratoria de procedencia del decreto que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución del estado para aumentar el plazo de la gubernatura.
Ahora, el Congreso enviará el decreto para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, acción que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid ha dicho que no hará, por lo que en un plazo máximo de 35 días la reforma se publicará por orden directa del presidente del Congreso en funciones que corresponderá a la XXIII Legislatura, la cual iniciará sus labores el 1 de agosto próximo.
Correspondió al diputado Alejandro Arregui Ibarra, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso, leer un comunicado de la Jucopo en donde rechaza acatar el exhorto porque, dijo, contiene actos ilegales que ponen en riesgo el proceso electoral del pasado 2 de junio.
Destacó que los comisionados del Congreso de la Unión equivocadamente ordenan al Congreso local eliminar el decreto que reformó políticamente a la constitución para empatar este año las elecciones locales con las federales, y no el que se aprobó la noche del 8 de julio pasado.
De hacer caso al exhorto, manifestó, se regresaría a una elección que daría plazos de gobierno de seis años al gobernador, 3 a diputados y munícipes, no habría candidaturas independientes, paridad de género en las candidaturas ni elecciones consecutivas.
Aparte de esta presunta ilegalidad que el diputado Raúl Castañeda Pomposo calificó como “analfabetismo constitucional” de los legisladores federales, Arregui sumó una crítica al Congreso de la Unión por atacar, en aras del federalismo, los derechos del poder legislativo del estado, la soberanía de los poderes de Baja California, sus libertades políticas y la vida democrática de los ciudadanos del estado.
Los diputados panistas Manuel Osuna Millán y Eva María Vázquez Hernández intentaron infructuosamente evitar que 14 de sus colegas aprobaran en dos horas, por mayoría, los dos únicos temas que se trataron a puerta cerrada, con policías del municipio de Playas de Rosarito evitando la entrada a los periodistas a la sesión, en la sede del cabildo que permitió con su voto avalar por los ayuntamientos el avance de la reforma en el Congreso.
Los diputados reformistas, presididos por la legisladora del Partido del Trabajo (PT) Claudia Agatón Muñiz, quien se reelegirá en el cargo en la XXIII legislatura y asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política la noche anterior en Ensenada, procedieron a votar la declaratoria de procedencia del decreto que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución del estado.
Agatón también fungió como presidente en funciones del Congreso porque el titular, el priista Edgar Benjamín Gómez Macías, no asistió a la sesión extraordinaria porque un familiar falleció este día por la mañana.
En medio de gritos de “¡traidores!, ¡traidores!” emitidos en contra de los legisladores por decenas de ciudadanos que acudieron al cabildo a las 4 de la tarde, para tratar de impedir la votación, los diputados terminaron la sesión y convocaron a otra sesión extraordinaria para firmar la declaratoria y enviarla al Ejecutivo a la brevedad para su publicación.
Tanto la Constitución del Estado como la Ley Orgánica del Poder Legislativo determinan que el mandatario estatal no puede hacer observaciones a la declaratoria de decreto.
Dice el inciso A del artículo 34 constitucional: “Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados términos (15 días).”
Agrega que, vencido ese plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días para promulgar y publicar la ley o decreto.
“Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente del Congreso ordenará, dentro de los quince días siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo.”
Así, el plazo máximo para su publicación y entrada en vigor es de un máximo de 35 días, todavía dentro del periodo de transición de gobierno en la entidad ya que Jaime Bonilla tomará la protesta como gobernador el 1 de noviembre de este año.
Una vez que la reforma constitucional se publique en el Periódico Oficial, los actores políticos interesados y facultados legalmente para hacerlo podrán anteponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones de Inconstitucionalidad contra la medida. (Javier Cruz Aguirre/Apro).