Juzgado federal obliga al IMSS de Tamaulipas a dar pensión por invalidez a ciudadano

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Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá otorgar a un ciudadano pensión por invalidez en forma definitiva, aguinaldos e incrementos anuales a la pensión por disposición de un juzgado federal.

Por medio de la ejecutoria 885/2017, magistrados federales le negaron al IMSS un amparo contra la autoridad laboral, ya que no pudo demostrar que el ciudadano beneficiado no haya cotizado las 500 semanas establecidas por ley.

Gonzalo Lara Pérez, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria, en funciones de magistrado, determinó que si quedó firme que al 22 de septiembre de 2014 -que todavía existió una alta en favor del actor-, ya no sería posible que operara en favor del IMSS la excepción consistente en que la conservación de derechos lo fue hasta el 30 de mayo de 2013, pues no es congruente con lo dicho al oponer la excepción de mérito.

El 29 de octubre del 2017, se recibió en el Poder Judicial Federal en esta capital la demanda promovida por el IMSS en contra de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con sede en Tampico, por el Laudo del juicio laboral 916/2015, el cual considero como violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso.

En un principio, el 15 de octubre del 2015, el ciudadano demandó al IMSS ante la Junta  reclamando el pago de la cantidad que resultara por concepto de la pensión mensual que indebidamente se le ha estado reteniendo desde el mes de febrero del 2015, por parte de la instancia demandada, y misma que le fuera decretada por motivo del grado de invalidez y que en forma provisional se le concedió, así como el pago de las mensualidades de la pensión que sigan reteniendo y corriendo hasta que se dicte el laudo, entre otros.

El 28 de febrero del 2017, la Junta emitió el Laudo condenando al IMSS a otorgar la  pensión de invalidez en forma definitiva, aguinaldos, incrementos anuales a la pensión y asistencia médica al actor, todo en términos de la Ley del Seguro Social régimen 73. Y a fin de determinar el monto de las condenas, en su caso, se ordenó abrir incidente de liquidación, ante lo cual el IMSS recurrió al juicio de amparo.

Gonzalo Lara Pérez, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que a nada  práctico conduciría amparar al IMSS a fin de que la Junta se pronunciara respecto de la excepción de falta de conservación de derechos, pues la argumentación misma fue deficiente y no demostró que una alta laboral del demandante con otro empleador -con fecha 22 de septiembre de 2014- fuera inexistente, y no se acreditaría bajo ninguna circunstancia que la conservación de derechos del accionante feneció el 30 de mayo de 2013.

De ahí que, si los hechos en los que se fundó la excepción del IMSS fueron imprecisos y además no demostrados -sino que por el contrario quedó acreditado que son falsos-, resulta que su excepción sería improcedente en las relatadas condiciones, y dado lo inoperante y fundado pero inoperante de los conceptos de violación, propuso negar el amparo, lo cual fue aprobado por el Pleno Judicial.