Propone el PRI que ‘Operación Mochila’ sea obligatoria en Tamaulipas

Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La “Operación Mochila” fue tema de varios diputados en la sesión del Congreso del Estado de este miércoles. Presentaron iniciativas de punto de acuerdo y decreto.
La más sobresaliente es de la priista María Olga Garza Rodríguez, quien tocó reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Escolar que data de marzo del 2008, para agregar lo que se llamaría “protocolo de mochila segura”.
El agregado es a los ya existentes: De disturbios, llamadas de extorsión, despliegues policíacos, caso de personas armadas, detonaciones de armas de fuego, objetos extraños y explosivos, que ya están en la ley.
Por tal motivo, la revisión de mochilas estudiantiles en niveles básicos no sería optativa y a criterio de los padres de familia, sino obligatoria.
“Este no solo es un exhorto”, dijo la legisladora, sino un decreto que busca implementar mecanismos de seguridad para el ingreso a las escuelas.
Hizo referencia a hechos sangrientos provocados por alumnos de nivel básico en escuelas de Coahuila y Nuevo León, “que quisiéramos que solo fueran historias de terror y no reales”.
De aprobarse la iniciativa por el pleno, obligará la intervención de varias dependencias del Gobierno del Estado, entre ellas Seguridad Pública y Educación, de los ayuntamientos y directamente también de los padres.
El objetivo es evitar que estupefacientes, armas, explosivos, objetos punzocortantes y otros elementos de riesgo sean introducidos a los planteles.
Durante la sesión ingresaron 14 iniciativas, dos de los ayuntamientos de El Mante y San Fernando, que piden autorización para donar a la Fiscalía General de Justicia del Estado sendos terrenos que se convertirán en “panteones forenses”.
Una más, a cargo del coordinador parlamentario, Gerardo Peña Flores, solicita adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para crear Juzgados de lo Mercantil, adicionales a las materias Penal, Civil y Familiar que ya operan.
El proyecto, comentó, es “garantizar a las personas un mejor acceso a la justicia”.