Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para nuestros paisanos cuerudos, escuchar el nombre de Comapa nos conduce inmediatamente a pensar en deshonestidad, corrupción e irresponsabilidad.
Es el estereotipo que nos hemos formado en los últimos años. Las comisiones de Agua Potable y Alcantarillado son sinónimo de corrupción.
Y ni modo que sea un invento. Nos lo ha perfilado la experiencia.
Veamos.
Por lo menos oficialmente, la de Altamira es la primera que en 2020 aumenta las tarifas de consumo para garantizar sus operaciones. Quedaron publicadas este martes en el Periódico Oficial del Estado (en ocasiones, indebidamente, primero cobran y luego publican).
En las siguientes horas vendrá la cascada insalvable de “arrejuntes” a los usuarios.
Como en el resto de los 37 organismos operadores, Altamira no escapa a la corrupción, ineficiencia y agandalle sindical.
Por eso no les alcanza el dinero para cubrir los gastos más necesarios. Pagan sueldos y corruptelas y no queda para obras de mejoramiento o ampliación.
Al “estrenarse” como gerente de dicha Comisión, en febrero del 2018, Alejandro Monge Castillo “acordó” pedir un préstamo bancario -BanRegio- por 326 mil pesos para comprar una camioneta Silverado 2017 que “comisionó” a su servicio personal.
En total el vehículo costó 576 mil pesos.
También para su beneficio ordenó la compra de una computadora portátil HP Pavilion, por la que pagó con dinero público 18 mil 792 pesos.
En la zona sur de la entidad esos Monge son unas “fichitas”. Es el caso de Manuel Eduardo Monge Castillo quien, al recibir nombramiento como Gerente Administrativo de la Zona Conurbada, tuvo una de las ideas más “brillantes” para saquear el dinero de los usuarios.
Con la complicidad de su jefe inmediato Manuel Cabal, acordó “rentarle” a Comapa su camioneta suburban de doble tracción, de uso personal, para recibir además suministro de gasolina, mantenimiento en general y lubricantes.
Cuando la Comisión le “regrese” al señor Monge el yonque modelo 2009, “deberá estar en óptimas condiciones de uso”.
Así se las gastan en el sistema de los organismos operadores. El agandalle está a la orden del día. Son un barril sin fondo que mantiene a panzas aventureras.
Sabiendo del saqueo de fondos, ahora entendemos por qué el 50 por ciento de los usuarios en todo Tamaulipas no paga sus recibos ¿Como protesta? Debe ser.
Prueba de ello es que, en referencia a la misma de Altamira, tiene cuentas por cobrar por 250 millones de pesos; la de Tampico registra ineficiencia recaudatoria por alrededor de mil millones y la de Victoria se acerca a los 500 millones.
Con la complicidad de la Comisión Estatal del Agua, bajo la gerencia de Javier Pinto Covarrubias, cada una fija anualmente las tarifas que quiere sin meterle ganas al cobro y evitar el desperdicio en fugas. Es lo que lastima al respetable público.
Le deben a Conagua, Hacienda federal, IMSS, Infonavit, CFE y a la CEAT del propio señor Pinto, al negarse éste a hacer efectivas las disposiciones del artículo 170 de la Ley de Aguas de Tamaulipas (tiene facultades para pedir que el Gobierno del Estado descuente a los municipios de las participaciones).
Los gerentes se jactan de afirmar que nadie recibe agua gratis. Lo que no dicen es que al sector oficial no se le cobra, incluyendo oficinas y escuelas. Y tampoco pagan los empleados de las Comapas. Lo consideran una “conquista sindical”.
Ahí mismo en Altamira -por seguir con el ejemplo- los mil cien burócratas del operador pagan cuatro pesos mensuales que se les hace efectivo a final de cada año. Quedan excluidos de medidores.
En Victoria los “sacrificados” del sindicato cetemista pagan $1.60 (un peso sesenta centavos) mensuales, que vienen siendo 19.20 anuales. Un insulto para los que si van a cubrir sus recibos aun cuando no tengan agua en sus llaves.
De plano los de Comapa de Reynosa no aportan un centavo, agua, drenaje ni reparaciones. Al contrario, si en sus domicilios no hay red, tienen derecho al pago en efectivo de un consuno por 30 metros cúbicos.
Dichos descentralizados, municipales o estatales, van cayendo en un bache del que ya no van a salir nunca. Están en quiebra y solo sangran a los pocos clientes que sí pagan.
La ineficiencia en el suministro, en cada ciudad y poblado, cada vez se extiende a colonias y sectores que tienen meses y hasta años de no recibir gota, pero sí llegan puntuales los cobros como se da también en la capital.
A estas alturas es más la gente que está de acuerdo en que el Gobierno del Estado, vía Congreso, privatice el servicio, que aumenten las tarifas pero que llegue el vital líquido. Es la última solución que queda.
Lidiar con los sindicatos de CTM es el otro talón de Aquiles para el gobierno. Deberán liquidarlos o seguir con el dolor de cabeza. La iniciativa privada no quiere broncas.
El proyecto de reformas a las Leyes o realización de convenios -sin violentar el sagrado 115 Constitucional- está en manos de nuestros diputados locales. Si se ocuparan del tema, en lugar de pedir festejos para el “Día del Caballo”, para el estiaje de verano en este 2020, otro gallo nos cantaría.
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