Ex alcaldesa de León demanda al diario AM y quiere $300 millones por ‘daño moral’

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Por Agencias

León, Guanajuato.- La ex alcaldesa de León y ex diputada federal priista Bárbara Botello Santibáñez presentó una demanda por daño moral en contra de AM, uno de los medios que publicó notas sobre presuntos actos de corrupción durante su gestión como presidenta municipal; el diario interpuso un juicio de amparo, al considerar que se trata de un mecanismo de censura.

Los abogados del periódico para este caso, Roberto Saucedo Pimentel y Paulino Lorea, junto con la apoderada legal, anunciaron la interposición del amparo ante el requerimiento legal de la ex alcaldesa priista, que estimó un daño por 300 millones de pesos.

De acuerdo con los abogados, solicitaron la asesoría y opinión de la organización Artículo 19 sobre la demanda presentada por Botello Santibáñez, y aquélla concluyó que la información se refiere al ejercicio público de la priista y a investigaciones ministeriales sobre presuntos actos de corrupción, por lo que no hay un sustento para reclamar daño moral.

El diario expuso que la información publicada se origina o deriva de revisiones efectuadas por la Contraloría de León, la Auditoría Superior del estado, la Fiscalía Estatal Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública.

“En AM consideramos esta demanda un ataque a la libertad de prensa por parte de una figura pública que, como algunos otros personajes políticos, han intentado censurar a los periodistas que ejercen su labor de transparentar la corrupción en el ámbito público”, expresó el diario.

Una de las notas por las que la ex alcaldesa acusó al periódico de daño moral se refiere a su peinadora personal que, según una denuncia de la Contraloría de León en un periodo posterior, habría estado en la nómina municipal, en dos dependencias distintas y con sueldo. Esto fue publicado por AM y otros medios en 2015.

La ex alcaldesa también demandó a Enrique Gómez Orozco -socio y director general del diario- por una columna.

El abogado Paulino Lorea recordó que los límites de la crítica son más amplios tratándose de personajes dedicados a la función pública y el papel que desempeñan en una sociedad democrática, “máximo cuando mantienen actividades políticas permanentemente”.

Sobre la columna, precisó que en este caso “el estándar debe limitarse única y exclusivamente a probar si hubo real malicia en las opiniones vertidas, en las ideas o en los juicios, adicionada con intención directa de dañar”, por lo que en ese caso no es determinante verificar o analizar la veracidad o falsedad de lo expresado, según una tesis judicial.

“La postura (de servidores públicos) debe ser más tolerante y aceptar esta crítica”, añadió Lorea.

En tanto, diversas organizaciones expresaron su respaldo al medio guanajuatense, como la Sociedad Interamericana de Prensa, al señalar que “preocupa estar frente a un caso típico de un funcionario que busca desacreditar a un medio de comunicación, en lugar de demostrar la transparencia que dice haber tenido durante su gestión de gobierno, aspectos que son del interés público”. (Verónica Espinosa/Apro).