Clemente Castro González
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los jerarcas de los organismos electorales están obligados a no hacerle al “Tío Lolo” y mostrar que son congruentes con su condición de árbitro del proceso electoral: “el más grande de la historia”.
Porque si bien los mandos de entes como el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) se aplican cuando hay denuncias de posibles actos anticipados de campaña, con mayor esmero si se trata de opositores, es inverosímil que no se percaten de lo que sucede en las dependencias públicas.
Es un secreto a voces la presión que se ejerce en empleados de Salud y Educación para que se sean “promoventes” y consigan a 20 personas que les faciliten una copia de la credencial de elector.
Y esa operación es lógico que la muevan los funcionarios gubernamentales, mismos que meten coacción sobre los subalternos a fin de que realicen labores partidistas.
Se sabe que así operaba el PRI cuando estaban en el poder y, en la actualidad, los del PAN reproducen este tipo de reprobables prácticas.
Recién nos enteramos que a profesores que imparten clases en Telebachilleratos Comunitarios (TBC), les están exigiendo que se apliquen con los “promovidos” ya que esa es la garantía para que mandos de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) puedan gestionar recursos y fluya así, “el techo financiero” que se requiere.
El mensaje es por demás entendible: aquel que no acceda a conseguir 20 “promovidos” estará en serios problemas al renovar el contrato semestral.
Más si consideramos que ésta modalidad educativa incluye, dentro de sus características, que “La trayectoria curricular se cursa de manera semestral”.
Además, a los “profes” se les advierte que el registro se maneja por eficientes sistemas computacionales por lo que no se aceptará que lleven credenciales de elector que ya están “comprometidas” con otros “promoventes”.
Lo que se sabe es que los TBC funcionan con tres maestros, uno de los cuales realiza funciones administrativas y que arriba de ellos se encuentran los “meros, meros”. En ese sentido, seguramente desde tales entramados burocráticos baja la línea a fin de convertir a los mentores en “activistas forzados”.
Significa que estamos ante un evidente abuso de autoridad que alguien lidera desde el anonimato.
Lo que se hace es indignante para cualquier ser humano y más si hablamos de profesores que reciben un raquítico sueldo, generalmente a destiempo y viven a la buena de Dios debido a que carecen de seguridad laboral.
Se trata de maestros a los que les toca trabajar en el sector rural y que para cumplir su misión deben superar una serie de carencias. Por ejemplo, recorrer kilómetros de carretera y terracería a fin de llegar a ejidos, por medio de un “aventón” o en modestos vehículos, lo que implicaba gasto de combustible y refacciones, con cargo y costo al mentor.
Cierto que en actualidad los profesores manejan el proceso de enseñanza aprendizaje de manera virtual pero tampoco les va mejor ya que debieron comprar computadora y pagar internet para sacar adelante las asignaturas del programa educativo.
Los telebachilleratos referidos -más de 40 planteles operan en la entidad-, dependen del estado y la federación, en tanto que se sostienen con aportaciones de ambos ordenes de gobierno.
De acuerdo al portal de la SET, el servicio educativo de TBC “se oferta en Tamaulipas mediante el apoyo y colaboración de la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal a través de la Dirección General de Bachillerato y la Secretaría de Educación en Tamaulipas a través de la Dirección de Educación Media Superior”.
Obvio que el manejo en territorio corresponde a la SET y de ahí que el talento humano sea susceptible de presionar para que haga lo que le piden y no abra la boca.
Aquí esta la referencia destinada a las autoridades “competentes”, con especial dedicatoria a los encargados de las elecciones.
Confiamos en que quienes son objeto de éste tipo de prácticas se rebelen y den a conocer, de manera detallada, el inmoral, inhumano y autoritario trato que reciben de sus jefes que pintan para ser delincuentes electorales.
¿ O qué debe entenderse por delitos electorales?
AL CIERRE
El gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, estuvo en Reynosa para inaugurar la remodelación de edificio de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria en el que se invirtieron 89 millones de pesos.
Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado de la titular de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA y del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, al igual que del gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), JESÚS MARÍA MORENO IBARRA.
Debe señalarse que ambos personajes andan en la puja por la presidencia municipal de esa localidad fronteriza.
A la que no se vio fue a la alcaldesa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, alguien que se distingue por llevar las contras a la jefatura política estatal, actitud que ha sabido capitalizar mediante negociaciones, en el momento indicado.
La munícipe es mencionada en calidad de aspirante panista a una diputación federal.
Aunque si no se le dieran las cosas no se duda que MAKI se eche en manos de siglas distintas a su actual instituto. Al fin y al cabo lo que sobran son membretes que le pueden dar cabida.
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