Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal concedió la suspensión -no es un amparo- definitiva, por mientras dura el juicio de amparo 257/2022, promovido por una ciudadana en contra del Gobierno del Estado, para que no sea despojada de su predio de 428 metros en La Pesca, de Soto La Marina, con motivo de la expropiación de decenas de propiedad en esa zona, para ser vendidas a desarrolladores turísticos.
El Juez Fernando Ureña Moreno, titular del Juzgado Primero de Distrito en Victoria, acordó: “procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Nereida Guadalupe Leal Lucio, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no sea despojada de los bienes inmuebles de los cuales es cesionaria y que las autoridades responsables, no hagan movimiento registrales de los citados inmueble a favor de diversas personas hasta en tanto, cause ejecutoria la sentencia que en su momento se dicte dentro del juicio principal”.
En este caso, la mujer reclama el desalojo del bien inmueble con superficie de 428,117.95 metros cuadrados, ubicado en Playa La Pesca, en el poblado de La Pesca, municipio de Soto la Marina, como consecuencia del decreto de expropiación de 31 de agosto de 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el 13 de septiembre del citado año, por el cual se propone un proyecto gubernativo, a efecto de fortalecer el desarrollo turístico sustentable.
La afectada indicó que el 28 de marzo del año en curso fue testigo de la flagrante violación constitucional a sus garantías individuales al presenciar la destrucción de edificaciones con maquinaria pesada y custodiada por elementos de la Policía Estatal Preventiva; agregando que el personal del Gobierno del Estado de Tamaulipas les manifestó en forma altanera que todos los propietarios y poseedores de los predios colindantes sería desalojados para dar cumplimiento el acuerdo expropiatorio”.
En este caso, el Juzgado citó para la audiencia constitucional, para el 18 de marzo, en la cual podría emitirse la sentencia. Aquí las autoridades demandadas son el Congreso (por actos de la 34 Legislatura), el Gobierno del Estado, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Turismo del Estado y el Instituto Registral y Catastral del Estado, todos los cuales deberán comparecer al proceso.
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