Por Redacción
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Eduardo Gattás Báez advirtió que si el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Victoria sigue con sus manifestaciones “fuera de la le” es probable que desaparezca y se acabe toda relación contractual con el ayuntamiento.
“Cuando el tribunal te dice que no puedes irte a la huelga o manifestarte hay que cumplir o caes en desacato, y lo que sigue es la desaparición del sindicato”, enfatizó.
Cuando se le recordó que ninguna ley o reglamento puede estar por encima de la Constitución, que ampara el derecho a manifestarse libremente, Gattás se empeñó en repetir que los tribunales ya le dieron la razón a él y por lo tanto el sindicato, que tiene tres días consecutivos frente a Palacio de Gobierno buscando la intervención del gobernador Américo Villarreal Anaya como mediador, ha caído en la ilegalidad.
Refirió que ahora el riesgo es para el sindicato de trabajadores municipales.
“Ya están tocando la línea de la desaparición del sindicato, y no por mí, quiero aclararlo, sino por sus actos, porque la secretaria general los está llevando a un precipicio sin regreso con el desacato al tribunal”.
De acuerdo con la interpretación de Gattás nadie está obligado a hacer lo imposible, y en ese sentido la alcaldía cuenta con un techo presupuestal “que ellos ya se acabaron”.
“La gallina de los huevos de oro ya se acabó. Entonces hay una máxima: como municipio no podemos quebrar, si cierro, pues ya quebramos el negocio, por deudas del trienio pasado o por lo que haya sido. Aquí no, forzosamente tenemos que seguir trabajando y dando un servicio de calidad a la ciudadanía”.
Enfatizó en que ante la disyuntiva de atender a la ciudadanía “o pagarles súper bien a los trabajadores, como si fuéramos una de las empresas más poderosas a nivel nacional” optó por lo primero.
Desde el segundo día de manifestación frente a Palacio de Gobierno, la dirigente Laura Infante Quintanilla pidió al alcalde dejar de mentir pues ha pregonado que el emplazamiento a huelga que formularon el año pasado por la misma acción los tribunales le dieron la razón a él, cuando la verdad es otra.
“En julio del año pasado, durante la transición, emplazamos a huelga por incumplimiento y nos lo dictan improcedente en marzo, y nosotros recurrimos ante un juzgado federal, que nos ampara en parte a nuestro favor. El juzgado le dice al Tribunal Burocrático que vuelva a revisar el caso e hiciera bien las cosas porque las hizo mal. Por eso es que buscamos la ayuda de nuestro gobernador, para que intervenga y recomiende al presidente del tribunal burocrático que agilice el proceso, que ya no sea lento y emita el laudo, porque tenemos la sospecha de que está coludido con el alcalde Eduardo Gattás”.
Refirió que la única que puede decidir es la autoridad, y cuando haya un laudo, entonces el alcalde podrá decir o hacer lo que quiera.
“Pero ahorita cómo se atreve a festejar y a decir que no nos va a pagar el aguinaldo completo cuando no hay un laudo de la autoridad que lo respalde jurídicamente”, reprochó.
Empero, de acuerdo con Gattás Báez, “la interpretación está encaminada a no hacer manifestaciones o expresiones que obliguen al patrón o a las autoridades a modificar sus decisiones en cuanto marca la ley”.
Desde el primer día de la manifestación el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Victoria denunció la negativa del alcalde a dialogar en busca de una solución justa y apegada a la ley y de querer imponer, de manera unilateral, nuevas condiciones generales de trabajo.
“Busca despojarnos de todas las conquistas laborales, como estímulos semestrales, becas escolares para hijas e hijos, apoyos para vivienda, transporte, despensa, la entrega de uniformes y herramientas de trabajo”.
La dirigente sindical dijo que mientras el Tribunal no emita el laudo de las demandas iniciadas por el alcalde contra sus derechos y conquistas laborales, el Convenio Colectivo de Trabajo sigue vigente y por lo tanto, la autoridad municipal está incurriendo en actos de ilegalidad.
A pesar del emplazamiento a huelga, Infante Quintanilla dijo que el alcalde no acudió a ninguna de las siete pláticas convocadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y los Municipios y tampoco asistió a las otras dos que convocó la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sólo envió a sus representantes, pero sin propuestas de solución apegadas a la ley y a la Constitución.
“Y ahora también nos amenaza con consecuencias legales por ejercer nuestro derecho constitucional de defender nuestros derechos laborales. En alguien tiene que caber la cordura y poner un alto a tanto abuso”.
Discussion about this post