Por Agencias
Ciudad de México. Una vez que reciba la notificación formal, el gobierno federal anunció que impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, que dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral y suspendió su vigencia del denominado Plan B en materia electoral.
En consideración del gobierno federal, el marco legal establece que el ámbito electoral no es susceptible de controversias constitucionales, por lo que la SCJN se excedió con esta decisión, señaló la Consejería Jurídica, que consideró que “no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”.
De igual forma, expresa su extrañeza de los tiempos en que se resolvió: “no es común que el viernes en la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corre anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral, porque la Constitución no lo permite”.
“El ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contraria a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula controversias constitucionales lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar el equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”.
Y agrega que tampoco ha sucedido, que un solo ministro de la Corte “dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por ocho ministros”.
La postura del gobierno federal cuestiona en duros términos el desempeño del ministro Laynez el cual, asegura, actuó en contra “de lo que prevé expresamente la norma fundamental”, al admitir la controversia constitucional promovida por el INE y conceder la suspsensión total para que no surta efectos el decreto del Congreso de la Unión, que modificó diversas leyes en la materia.
Ratifica la visión gubernamental del sentido de la reforma electoral: “reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes como en el pasado”.
Para la Consejería Jurídica del Gobierno Federal con esta determinación, se trata de un régimen de excepción que modifica los precedentes constitucionales “y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente”.
Asimismo, subraya que la concesión de medidas cautelares sólo pueden concederse en aquellos actos inminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos. El gobierno federal expresó su preocupación que el ministro Laynez haya determinado la suspensión total del decreto cuando el INE no objetó la totalidad de las leyes involucradas en el Plan B “sino solo aquellas que considera puedan afectar la operatividad del instituto”.
Más adelante, asegura que la reforma no afecta los derechos fundamentales de la ciudadanía ni la organización de comicios ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso por lo que es “una decisión injustificada e innecesaria”. La reforma electoral no amenaza el Estado de derecho, pues, afirma el gobierno federal, por el contrario “su aprobación asegura el uso eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes”.
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