Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La bancada de Morena en el Congreso del Estado subió iniciativa de punto de acuerdo en que pide exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a los “jueces de cabecera” del exgobernador del PAN Francisco Javier García Cabeza de Vaca y los suyos.
Se trata de los juzgadores Juan Fernando Alvarado López y Faustino Gutiérrez Pérez, titulares de los juzgados Séptimo y Octavo, de Reynosa, denunciados por dedicarse “a favorecer los intereses de la familia García Cabeza de Vaca, de sus socios de negocios y de sus aliados políticos”.
La iniciativa fue del diputado Humberto Prieto Herrera, representante de aquella frontera, mencionando varios amparos a favor de los panistas, entre ellos tres expedientes en que los juzgadores acordaron “conceder la suspensión provisional y en su momento la definitiva”, para liberarles cuentas bancarias embargadas.
“Por lo menos en diez expedientes favorecieron en sus pretensiones a los panistas, principalmente al obtener el levantamiento de bloqueos, inmovilización, embargo o aseguramiento de sus cuentas bancarias”, expuso.
La iniciativa de exhorto va dirigida principalmente al Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, para que lleve a cabo “investigaciones y acciones conducentes a fin de determinar si Faustino Gutiérrez ha cometido algún delito en el desempeño de su función jurisdiccional”.
Igual se exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, para que determine responsabilidades en el caso particular de Gutiérrez y, de ser el caso, “se apliquen sanciones administrativas a que se haga acreedor”.
Mencionó el diputado Prieto que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, tratándose de faltas graves de los jueces de distrito se puede llegar a la destitución o inhabilitación temporal para desempeñar cargos en el servicio público.
CUANDO LOS NOTARIOS MUEREN Y DEJAN ASUNTOS PENDIENTES
En la misma sesión de este martes, el diputado Juan Ovidio García presentó iniciativa de reformas a la Ley del Notariado, para señalar procedimientos cuando fallezca algún fedatario en ejercicio, dejando pendientes asuntos de protocolo.
Manifestó que hay “una laguna legal” en que se requiere dar certeza jurídica a la sociedad, sacar aquellos trámites que quedan pendientes luego del fallecimiento.
Para los casos, la iniciativa concede 10 días para que intervenga la Dirección General de Notarias a través de un visitador, y 15 para que el Secretario General de Gobierno asigne de oficio un nuevo notario.
Dijo que hay veces en que los fedatarios no tienen convenios de asociación ni adscritos, por lo que los asuntos en trámite duran años sin resolución.
Igual sobre la Ley del Notariado, otra iniciativa es de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, en relación “a generar más confianza del pueblo tamaulipeco para con las y los notarios públicos”.
La adición es al artículo uno de la citada Ley, señalando que la función notarial se sujeta a los principios “de autoría notarial, asesoramiento jurídico, seguridad y certeza jurídica, confiabilidad, transparencia, honestidad, secrecía, obligatoriedad del servicio, responsabilidad, inmediación, formalidad escrita e instrumental”. (Foto El Mañana de Nuevo Laredo).
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