Monumento a la corrupción

Felipe Martínez Chávez

 

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El emblemático monumento a la corrupción panista, llamado “el puente roto”, en Altamira, fue derrumbado. En su lugar se hará un moderno distribuidor vial.

Se ubica a la entrada al Puerto Industrial, cuya construcción fue asignada en 2009 a la constructora Desarrollo y Urbanizaciones de la Frontera, con residencia en Matamoros, en apariencia propiedad de Porfirio Gutiérrez Argüelles, pero que la voz popular asigna a José Julián Sacramento, ex senador (2006-2012) y ex candidato a la gubernatura.

Tiempos del gobierno panista de Felipe Calderón en que se inventaron los “moches” (¿uno asignado a Sacramento?) para diputados y senadores.

El puente no resolvió problemas de vialidad, no sirvió porque no le pusieron cimientos. Quedó cerrado y se fueron a la basura 300 millones de pesos aportados por la Administración Portuaria Integral, la contratante.

Hasta tiene su corrido por las muertes que causó y las desgracias en infinidad de familias que resultaron heridas en accidentes automovilísticos.

“El puente roto/ el puente de la muerte/que ha cobrado tantas vidas/ de mucha gente inocente/ donde familias enteras han salido mal heridas/”, dice el corrido.

Pues bien, este miércoles dos de agosto el Gobernador Américo Villarreal andará en Altamira, para colocar la primera piedra de lo que será la nueva vialidad. Fue una de las más sentidas demandas, en campaña, de los habitantes de la zona sur. Les cumple.

Oportunidad de recordar que el armatoste fue inaugurado por el propio Felipe Calderón en diciembre del 2010 y se le conoce, además de “puente roto”, como monumento a la impunidad. A nadie castigaron. Jamás los constructores ni funcionarios cómplices fueron enjuiciados.

Quedó cerrado por representar un riesgo para el tráfico vehicular, en junio del 2011. Desde entonces sigue sin funcionar. Se dio la confabulación de funcionarios del gobierno panista con constructores y las fiscalías se hicieron de la vista gorda.

La compañía de “Pilo” fue protocolizada el 20 de junio del 2001 y, según datos de las páginas oficiales, entre 2005 y 2012 alcanzó 19 contratos por 356 millones  de pesos, la mayor parte por adjudicación directa ¿a gestión de Sacramento?.

Tal obra, inservible, se ubica en el kilómetro 30.880 de la carretera Tampico-Linares. El contrato fue firmado el 27 de febrero del 2009 con un plazo hasta el 31 de marzo del 2010 para terminar los trabajos.

Se hicieron auditorías y promesa de castigar a los corruptos, pero nada pasó. Menos se hará después de tantos años.

Trascendió que, luego del escándalo por el cierre de la “joroba”, los propietarios cambiaron nombre a la compañía, le impusieron Construcciones Lobar y siguieron prestando servicio al sector público, con toda impunidad.

La misma empresa hizo trabajos millonarios a la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, como un tanque elevado y conducción, por la suma de 40.7 millones, cuyo contrato se firmó en octubre del 2005.

Igual la construcción del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Matamoros, una obra de 23.6 millones asignada en julio del 2011 por la secretaría de Obras Públicas de Egidio Torre Cantú. Ya estaba el escándalo por el puente.

Le hicieron obras a Capcet, ayuntamiento de Tampico y a la propia administración portuaria.

En general el de Egidio fue un sexenio de corrupción en obras públicas con el “diezmo” elevado al 30.

Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública del 2009 encontró que, en una obra de la propia API Altamira para la construcción del Libramiento, se pagaron en exceso hasta tres millones de pesos por losas y concreto hidráulico inexistentes.

Recibieron los pagos otras dos empresas que participaban en el corredor vial -igual que la de Matamoros-, llamadas Materiales y Construcciones Villa de Aguayo (me suena, me suena) y Comisa Construcciones y Montajes Industriales.

Igual nunca se supo que los dueños fueran molestados o los hicieran devolver la lana.

Pues bien, la obra que gestionó Américo costará 293 millones, algo menos de lo que los funcionarios presupuestaron en 2009 cuando asignaron el contrato a “Pilo” (o Sacramento).

Ahora sí vienen los estudios técnicos necesarios y, de ser el “puente roto”, o “de la muerte”, pasará a llamarse “Puente de las Esperanza”.

Nadie se acuerda de los funcionarios corruptos que permitieron tirar a la basura los millones… Es algo que correspondía al gobierno federal, a la entonces Fiscalía General de la República. No giraron órdenes de aprehensión.

Hablando de AVA, a diez meses de haber iniciado su gestión, se reunió en Casa de Gobierno con sus colaboradores, para hacer una evaluación del trabajo realizado con el propósito de mejorar la eficiencia en desempeño.

No es necesario especular que alguien se va a su casa. Ya lo desmintió.