Por Agencias
Ciudad de México.- El gobierno de México concluyó la investigación sobre la presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa Tecnología Modificada, subsidiaria de Caterpillar, ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como parte del mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) del T-MEC
Los resultados de la investigación fueron compartidos con el gobierno de Estados Unidos el 8 de diciembre y en ella se determinó la existencia de “ciertas acciones por parte de la empresa que pudieron haber constituido una denegación” a los derechos mencionados.
En octubre pasado, el gobierno estadounidense solicitó a México una investigación bajo el T-MEC, a petición del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industria y Servicios “Movimiento 20/32”, que alegó que la compañía fabricante de equipos de construcción y minería despidió ilegalmente a un trabajador por organización sindical.
Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía detallaron que la compañía emprendió una serie de acciones de reparación, entre ellas principalmente la reinstalación del trabajador despedido injustificadamente, en cumplimiento a la sentencia de un juez, dado el estado de huelga.
También, se allanó en su totalidad a las prestaciones solicitadas en el escrito inicial por un trabajador despedido y firmó un compromiso con la STPS para materializar su reinstalación y capacitar a todos los trabajadores de la planta, una vez que la huelga haya concluido y que los obreros estallaron en septiembre.
La empresa Tecnología Modificada también publicó y difundió una carta de neutralidad y los lineamientos de conducta de su personal y capacitó al personal de confianza y directivos de la planta sobre los documentos mencionados.
Derivado de lo anterior, México concluyó en su investigación que los hechos que fueron materia de la queja en el marco del MLRR quedaron solventados dentro del plazo de 45 días naturales que establece el T-MEC para la revisión interna. El cierre del caso será analizado conjuntamente por los gobiernos de ambos países. (Jared Laureles/La Jornada).
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